

El asambleísta Ricardo Patiño, en su participación en la Sesión Plenaria del Pleno la Asamblea Nacional, abordó con énfasis la importancia del Informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria Unificada al Código de la Niñez y Adolescencia, destacando no solo los aspectos técnicos de las propuestas legislativas, sino también su impacto en la garantía de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Este proyecto, fruto de la unificación de múltiples iniciativas parlamentarias, busca actualizar y consolidar las normas que rigen la protección integral de la niñez y adolescencia en el Ecuador, respondiendo a un mandato social de garantizar mayor equidad y seguridad jurídica en esta materia.
Patiño subrayó que las reformas deben centrarse en el interés superior del menor, evitando respuestas que sobrepenalicen situaciones como la privación de libertad o la aplicación de sanciones adultas a personas en etapa de desarrollo, un enfoque que ha sido planteado con reservas por expertos y sectores de la sociedad civil que han aportado al proceso. Asimismo, resaltó la colaboración de equipos técnicos, autoridades comparecientes y organizaciones sociales en el análisis de los textos, lo cual fortalece el debate legislativo e incorpora visiones especializadas que enriquecen el contenido jurídico del Código.
El legislador también hizo hincapié en la necesidad de que la ley resultante no solo establezca normas claras para la protección de derechos, sino que se acompañe de políticas públicas que garanticen su implementación efectiva, particularmente en contextos de vulnerabilidad social y familiar. En este sentido, llamó a que la Asamblea cumpla con su rol de deliberación responsable y no se limite a procesos formales, sino que asegure debates sustantivos que consideren las voces de quienes están directamente afectados por el marco normativo.
En conclusión, la intervención de Ricardo Patiño reflejó su compromiso con un enfoque integral, centrado en derechos humanos y en la participación técnica y social, para dotar al Código de la Niñez y Adolescencia de una estructura jurídica moderna, protectora y coherente con los principios constitucionales sobre infancia y juventud.