La Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes dio inicio al proceso de fiscalización sobre la presunta inacción estatal frente a la violencia sexual institucional, en cumplimiento de la Resolución N.º 001F-CEPPINNA-2025-2027.
En este marco, comparecieron delegados de las principales entidades del sistema de justicia y protección, quienes expusieron avances, desafíos y compromisos institucionales en la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Gina Gómez, en representación del Consejo de la Judicatura, informó que se ha fortalecido la justicia especializada mediante la Resolución 158-2023, con la designación de 114 jueces en 39 unidades judiciales y el uso de herramientas como la Cámara de Gesell. No obstante, advirtió de desafíos estructurales, como la falta de presupuesto y 90 vacantes judiciales, que limitan la capacidad del sistema para garantizar una justicia oportuna y especializada.
Desde la Fiscalía General del Estado, Alejandro Baño alertó sobre el déficit de 621 fiscales a nivel nacional, lo cual afecta directamente la atención de violencia sexual. A pesar de ello, señaló que se han implementado canales de denuncia en línea y programas de capacitación continua para funcionarios encargados de estos casos.
El delegado Santiago Bedoya, representante de la Defensoría Pública, destacó el compromiso institucional de sus 186 defensores públicos y el enfoque integral con el que se acompaña a víctimas, enfatizando la importancia de protocolos que eviten la revictimización.
La subsecretaria Vanessa Villavicencio, en representación del MIES, informó sobre las acciones de prevención y atención en favor de niños, niñas y adolescentes sin referente familiar, destacando la articulación con la DINAPEN, el Ministerio de Telecomunicaciones y otras entidades, así como el uso de herramientas digitales de apoyo.
Además, desde la Defensoría del Pueblo se presentaron hallazgos preliminares de una investigación defensorial —que cubre el período 2018–2023— que identificó vacíos de información y coordinación institucional, y emitió recomendaciones para fortalecer la protección integral y evitar impunidad.
Finalmente, en su intervención como asambleísta por un día, Rafaela Arias hizo un llamado emotivo a garantizar entornos seguros para todos los niños y niñas del Ecuador, recordando que merecen vivir sin miedo y con acceso pleno a sus derechos.
Asambleísta por la provincia del Guayas
