El proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 105 votos afirmativos. Esta ley busca crear fortalecer la institucionalidad para garantizar la efectiva aplicación de los procedimientos, políticas y acciones para combatir estos delitos. El proyecto ya ha sido enviado al Ejecutivo para su objeción o sanción.
Este cuerpo legal establece que además de quienes están obligados a informar, los que conocieren hechos relacionados a los dichos delitos, deberán dar parte a las autoridades competentes y, en caso de conocer de transacciones económicas u operaciones injustificadas e inusuales, informarán a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta institución, que se encarga de receptar toda la información relacionada a al lavado de activos y financiación de delitos, ha sido fortalecida.
Toda operación igual o superior a los 10 mil dólares o su equivalente en otra moneda deberá ser reportada, sea nacional o internacional. Por tanto, a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la UAFE las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, las bolsas y casas de valores; las administradoras de fondos y fideicomisos; las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales, las personas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves, los montes de piedad y las casas de empeño, los notarios, los promotores artísticos y organizaciones de rifas, entre otros.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera será la rectora en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. Le corresponden las políticas públicas, la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Las faltas administrativas y sus sanciones, a más del procedimiento administrativo sancionador están determinados en esta ley.
Según una transitoria dentro de 90 días, la UAFE estará adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica, período en el cual se realizará el correspondiente inventario de bienes, activos y pasivos, para el traspaso. Finalmente, el artículo 298 del COIP ha sido reformado para corregir la evasión en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Asambleísta por Cotopaxi Movimiento Alianza Pais Miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario Oficina 103 primer piso edificio DINAPED Telf: 02 3991 696 rocio.alban@asambleanacional.gob.ec..
