Como asambleísta de la provincia de Cañar, considero que plantear una nueva Asamblea Constituyente no responde a las verdaderas urgencias del país. El Ecuador no necesita más incertidumbre ni procesos que desvíen la atención de los problemas reales que afectan a la ciudadanía día a día. Abrir nuevamente un debate constitucional implicaría paralizar prioridades inmediatas y generar un escenario de inestabilidad institucional.
Además, una Constituyente demandaría importantes recursos económicos del Estado, destinados a sueldos, logística y funcionamiento, en un momento en que esos fondos deberían dirigirse a atender necesidades urgentes. Mientras tanto, miles de ecuatorianos siguen esperando respuestas concretas en materia de seguridad, acceso a empleo digno , servicios de salud oportunos y una educación de calidad .

Es importante advertir que este tipo de procesos tienden a concentrar el poder en pocos actores, limitando la participación plural y el equilibrio democrático. Lejos de agilizar soluciones, una Constituyente podría prolongar discusiones políticas estériles, mientras la ciudadanía continúa enfrentando problemas sin resolver en su vida cotidiana.
El país requiere decisiones firmes, responsables y dentro del marco institucional vigente. Necesitamos fortalecer el respeto a la ley, garantizar la seguridad jurídica y promover políticas públicas eficaces que generen resultados tangibles en el corto y mediano plazo. La estabilidad es una condición clave para recuperar la confianza ciudadana y atraer oportunidades de desarrollo.
Mi compromiso es claro: trabajar con coherencia, responsabilidad y profundo respeto por la ciudadanía, priorizando siempre la vida, el bienestar y el futuro de los ecuatorianos. Desde mi rol, seguiré impulsando acciones concretas que devuelvan la esperanza al país y construyan un Ecuador más justo, seguro y con oportunidades para todos.