En la sesión de hoy de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, votamos a favor de iniciar un proceso de fiscalización orientado a conocer, analizar y atender la grave crisis financiera que atraviesan los municipios, prefecturas y juntas parroquiales del país. Esta decisión responde a la necesidad urgente de garantizar el correcto funcionamiento de los gobiernos locales.
La situación actual ha sido provocada por los constantes retrasos en la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ha generado un impacto directo en la gestión de los territorios. La falta de liquidez limita la capacidad de planificación y ejecución de proyectos, afectando el desarrollo integral de las comunidades.
Esta problemática no solo compromete la estabilidad financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, sino que también retrasa la ejecución de obras estratégicas, servicios básicos y programas sociales que son fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. Es indispensable establecer responsabilidades y promover soluciones que permitan superar esta crisis.
Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la defensa de la autonomía de los gobiernos locales y la protección de los derechos de la ciudadanía. Continuaremos impulsando acciones firmes desde el ámbito legislativo para asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna y se garantice el desarrollo equitativo de todos los territorios.
Asambleísta por la provincia del Cañar
