Al revisar la proforma presupuestaria 2026 enviada por la Presidencia de la República, nos encontramos con profunda preocupación: una vez más, las universidades públicas del país enfrentan recortes que ponen en riesgo el acceso de nuestros jóvenes a una educación digna y el funcionamiento de instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades.
Un caso especialmente doloroso es el de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, cuyo recorte alcanza casi el 70%. Este golpe la deja al borde del cierre, intentando apagar una universidad que resguarda saberes ancestrales, identidad y formación para pueblos y nacionalidades. No podemos permitir que se condene al silencio a una institución que simboliza diversidad y resistencia.


Pero no es el único caso: la Universidad Estatal de Cuenca, donde miles de jóvenes de Cañar buscan cumplir sus sueños, también sufre un recorte de más de 11 millones de dólares. Esto afecta directamente a estudiantes, docentes, programas académicos y oportunidades de futuro.
Por eso he solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas los criterios técnicos y económicos que pretendan justificar este recorte a la educación superior.