GOBIERNO INFRINGE GOLPE INCONSTITUCIONAL Y REGRESIVO EN DERECHOS CONTRA EL SISTEMA EDUCATIVO DURANTE CRISIS
En días pasados el gobierno nacional asestó un nuevo golpe al Sistema de Educación Pública: por un lado, el Ministerio de Educación hizo oficial la reducción en la escala salarial de servidores educativos y la no continuidad de miles de ellos (la reducción ascendería a un valor de más de 200 millones de dólares) y; por otro, se anunció un nuevo recorte presupuestario a las Universidades Públicas del país en casi 100 millones de dólares -sólo a la Universidad Técnica del Norte se le reduciría 2 892 170,93 usd-.
Esta letal arremetida a la educación del país, que en plena emergencia sanitaria por el COVID-19 se ha evidenciado frágil y sin capacidad de respuesta ante las necesidades y derechos de millones de niñas, niños y adolescentes, representa un nuevo desaire por parte del gobierno. Ya la situación era precaria pues la brecha digital imposibilitaba que tanto en la educación primaria y media como en aquella superior se cumpliera el plan de contingencia estipulado por las autoridades y los mismos centros educativos. Ahora, con despidos masivos y menor ingreso para la inversión, la situación se presenta como insostenible.
La actuación del ejecutivo revela las verdaderas prioridades que éste tiene: hace algunas semanas se pagó un monto de capital e intereses de deuda externa superior a los 300 millones de dólares mientras que hoy el golpe al Sistema de Educación asciende a 389 millones. La política neoliberal de ajuste se expone así como indolente ante las necesidades y derechos de la población: se genera más desempleo, se expone al sistema educativo provocando deserción, se compromete el aporte en ciencia y tecnología que las universidades estaban haciendo ante esta crisis y se acentúan las diferencias entre lo público y privado haciendo que se amplíe la brecha social.
Pero esta acción no solo es inmoral para con la emergencia que atraviesa el país sino que se presenta, a todas luces, como inconstitucional y regresiva para el ejercicio de derechos). Se incumple disposición constitucional que impide expresamente el uso de recursos de salud y educación para otros fines durante el estado de emergencia (art. 165). Por ello, la responsabilidad política que acarree esta situación corresponde en exclusividad a un gobierno que ha priorizado el capital por sobre la vida.
Las respuestas y expresiones de malestar no se han hecho esperar desde los distintos actores involucrados: gremios de maestros, sectores estudiantiles, autoridades de los centros de estudio, la Asociación de Universidades Públicas, etc. Todos ellos cuentan con el respaldo de esta legisladora que agotará los esfuerzos para que se revean las medidas y se establezca la responsabilidad política y ética de quienes violentan el Estado de Derechos y Justicia frente al país y la ciudadanía.
Atentamente,
Msc. Silvia Salgado Andrade
Asambleísta por Imbabura
Asambleísta por la provincia de Imbabura | Integrante de la Comisión De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología | Alianza PAIS - Partido Socialista Ecuatoriano
