En 2014-2016 salieron del Ecuador $4.723 millones a paraísos fiscales

Viernes, 07 de julio del 2017 - 00:00 Imprimir

El pasado, 6 de julio de 2017, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos el Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero del 2017. El 55,12% del pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.

Al interno del debate, Soledad Buendía, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), expresó que aproximadamente el 22% de la riqueza mundial se encuentra invertida en empresas offshore y América no es ajena a esta realidad, pues anualmente se ve perjudicada en 200.000 millones de dólares como consecuencia de estas prácticas de evasión y elusión tributarias.

“Nuestro país no es la excepción: solamente durante el período 2014 – 2016, 4.723 millones de dólares han salido del Ecuador hacia paraísos fiscales. Y tomemos en cuenta que, producto de la información divulgada por los Panama Papers, se ha establecido que 3.480 sociedades constituidas en los paraísos fiscales tienen directa relación con empresas nacionales”, indicó Buendía.

Además, destacó que, en la Asamblea Nacional, se han aprobado normas claras como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el enriquecimiento privado no justificado y la defraudación tributaria; y, las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, que califica como ingresos de fuente ecuatoriana a todo incremento patrimonial no justificado y levanta la reserva respecto de operaciones con paraísos fiscales.

La Asamblea Nacional envió, este viernes, a la Presidencia de la República el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero, el mismo que de acuerdo con los artículos 137 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para sancionar u objetar, de forma fundamentada, la normativa.

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Soledad Buendía
Asambleísta por Pichincha Otros Movimientos

Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil

 

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