Los asambleístas Juan Lloret, Lira Villalva y Bairon Valle, en representación de la Bancada de Alianza PAIS “Principios Revolución Ciudadana”, cuestionaron la utilización de 300 millones de dólares de la cuenta de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, presuntamente gasto corriente.
Bairon Valle denunció que los 300 millones de dólares que fueron calificados de “ociosos” por parte del Ministro de Finanzas, fueron utilizados para pagar sueldos, sin tomar en cuenta que los mismos proceden de la Ley Solidaria a favor de las zonas afectadas por el terremoto en Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, lo cual es inconstitucional.
En este marco, indicó que rechazan enérgicamente la mala utilización de estos recursos que deben ser destinados para su objetivo central, es decir, mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas.
De su lado, Lira Villalva se refirió al posible cambio de autoridades en las comisiones especializadas permanentes. Precisó que es ilegal si se llega a proceder con la reestructuración de las mismas, argumentando que los artículos 10, 24 y 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece con claridad su período de vigencia.
“Se vulneraría el principio legal establecido en la normativa legislativa”, dijo Villalva al recordar que las comisiones legislativas tienen un período de vigencia, así como sus autoridades. “Hay que tomar en cuenta que presidentes y vicepresidentes no solo hay en las comisiones legislativas, sino que también son los titulares de la Asamblea Nacional, miembros del Consejo de Administración Legislativa, quienes de acuerdo a la ley tienen un período de dos años y hay que respetar”, enfatizó.
En otro orden, Juan Cristóbal Lloret calificó de inconstitucional la decisión de la Contraloría de crear una veeduría en torno a la deuda pública. El artículo 76 de la Carta Magna determina con claridad que no se puede establecer tribunales, comisiones o veedurías especiales. Además, que se contrapone con lo que establece la Ley de Participación Ciudadana en el artículo 70 que establece que toda veeduría de carácter ciudadano que pretenda generar un control de la gestión pública debe ser regido por esa norma y, sobre todo, cumpliendo los reglamentos.
“Esto no ha sucedido”, dijo. “El tema de fondo es crear una persecución en contra del líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Por lo tanto, esa veeduría es ilegal e inconstitucional. Llama la atención que inmediatamente después de creada la veeduría varios de sus integrantes emitieron un pronunciamiento sin tener ningún documento para analizar, lo cual “devela la intencionalidad” de esta decisión”, indicó el legislador.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
