Reflexiones sobre la Libertad de Expresión en la República del Ecuador, en relación a los cuestionamientos de diversos actores políticos en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
Asambleísta Soledad Buendía Herdoíza
El Ecuador es, de conformidad con su Constitución y el espíritu que inspira a su pueblo y su Gobierno, un Estado democrático, de derechos y Justicia. Este énfasis en los derechos es transversal a la Constitución del país y por ello el ejercicio de la administración política en esta nueva etapa de la Historia Republicana busca enmarcarse fundamentalmente en un enfoque de Derechos Humanos. En la práctica, durante la década pasada, se llevó a cabo grandes esfuerzos desde la administración del Estado en su conjunto, basados en la nueva lógica estructural garantista, con el reconocimiento pleno del ejercicio de todos los Derechos Humanos, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, reconociéndoles igual rango y la condición de plenamente justiciables. Se estableció un completo sistema de garantías normativas y jurisdiccionales, así como se introdujo la perspectiva de la interculturalidad en la institucionalidad del Estado, conjuntamente con el enfoque de género en todas las instancias y espacios públicos.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el desarrollo previo y permanente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En consecuencia, el Gobierno de la República del Ecuador buscó ajustar sus actuaciones y políticas públicas al desarrollo progresivo de los derechos y garantías previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con especial atención al respeto a la libertad de pensamiento y de expresión y la promoción de su ejercicio pleno.
El objetivo del presente artículo es presentar una visión global en materia de derechos humanos y libertad de expresión, en el marco de lo logrado en la vigente Ley Orgánica de Comunicación, con miras a generar un debate llamado a evitar la regresión en materia de derechos, formando criterios sobre el estado actual de la protección de la libertad de expresión en la República del Ecuador.
Supremacía constitucional y el reconocimiento pleno del derecho a la libertad de Expresión: retos estructurales
La Constitución de la República del Ecuador determina que a ninguna persona se le coartará su derecho a la libertad de información, expresión y opinión bajo circunstancia alguna. El acceso a la información veraz, verificada, contrastada, oportuna, contextualizada, plural, es un derecho, por lo tanto, es obligación del Estado garantizarlo.
Como se expresó en el Informe Anual del año 2008 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión exige ciertas condiciones de manera que, en la práctica, los medios sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehiculos para restringirla. Continúa explicando que, en la Administración del economista Rafael Correa, el Gobierno de la República del Ecuador promovió la libertad de expresión garantizada en la Constitución, aclarando que no es dable alegar el ejercicio de este para lesionar y atentar contra la dignidad de las personas, hechos claramente tipificados como infracción en la normativa local. Así, la tarea cumplida a tal respecto por el Estado tiende a precautelar la auténtica libertad de expresión con responsabilidad ulterior, teniendo en cuenta que los límites de la libertad de expresión se encuentran en la honra de las personas, tal como lo establece el Artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito y ratificado por la República del Ecuador.
En este punto, es necesario reconocer la existencia de una situación estructural que impide el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, resultado de acciones de larga data que consideraban a la comunicación meramente como un negocio privado, sin considerar su dimensión integral en tanto que derecho frente al cual el Estado tiene una responsabilidad activa respecto de su garantía y promoción. En tal sentido, resulta particularmente ilustrativa la lectura del “Informe de Auditoría de Frecuencias”[1], elaborado por una comisión que se conformó por mandato de la Asamblea Constituyente. Si bien el Gobierno Nacional tuvo determinadas discrepancias con algunas de las conclusiones de dicho informe, es importante rescatar que su contenido reveló de forma clara que en el Ecuador gran parte de las estaciones de televisión pertenecían a un pequeño grupo de empresarios que, simultáneamente, eran propietarios de agencias de publicidad, radios, periódicos e incluso instituciones financieras. Asimismo, los medios de difusión escritos se concentraban en la manos de una pocas familias adineradas y sus grupos empresariales, pero gracias a la decisión del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas en 2011 se puso un límite a estos monopolios, lo cual constituyó un gran avance estructural en el reconocimiento pleno del derecho a la libertad de expresión.
En consecuencia, el derecho a la libertad de expresión, en sus dimensiones social e individual, se ve directamente vulnerado por intereses empresariales y económicos que se sobreponen, en este caso, al interés común y al acceso a información libre de sesgos que pretendan dirigir la opinión pública hacia tales intereses privados. Como ha señalado con claridad la Corte Interaméricana de Derechos Humanos, la libertad de expresión en su dimensión individual “no se agota en el reconocimiento téorico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, en este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida un límite al derecho de expresarse libremente”.
El Estado ecuatoriano asumió su responsabilidad cívica al implementar, además de las disposiciones constitucionales, medidas concretas para garantizar el progresivo desarrollo de este derecho históricamente pasado por alto. Es así que, conforme al mandato popular, se impulsó la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación con la finalidad última de que el Estado asuma el papel que le corresponde como garante de la dimensión social de la libertad de expresión, siguiendo los criterios de la Sentencia del Caso Kimel vs. Argentina, al procurar “equilibrar en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo”[2], asegurando “la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de ideas”[3].
Situación actual de la Ley Orgánica de Comunicación
En la actualidad, en medio de una coyuntura política turbulenta, se ha asistido a versiones erráticas respecto de la aplicación y funcionamiento práctico de la Ley Orgánica de Comunicación, que han emanado tanto del sector privado como del público, basándose en presunciones, insinuaciones y especulaciones que apuntan a la instalación de una agenda particular, justamente lo que la normativa pretendía erradicar en beneficio del goce y ejercicio de los derechos.
La libertad de expresión se asienta sobre principios y valores éticos universales: no se puede adjetivar con impunidad y atropellar los derechos de las personas. En la República del Ecuador, toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, como mandato constitucional; sin embargo, determinados actores comunicacionales y medios de prensa utilizan la figura de la injuria a los funcionarios del anterior Gobierno para después constatar que son inocentes. Esa es la causa de la pugna estructural que actualmente prevalece: ¿Esta es la libertad de expresión que se defiende? ¿Una “libertad” que atropella, blasfema y hiere la libertad del otro?
No satisfechos con tal actitud pretenden, además, que los ex funcionarios del anterior Gobierno “callen” en nombre de la libertad de expresión, pero sin asumir las consecuencias que conlleva la responsabilidad ulterior, que se enmarca en el articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente, la responsabilidad ulterior - concepto todavía en debate - ha sido audazmente descalificada por actores políticos oficialistas de turno, cuando la posición del Gobierno de la Revolución Ciudadana fue de total respeto al articulo 13.2 de la referida Convención, en cabal correspondencia con el principio democratico. Durante toda una década, ni el ex Presidente de la República o sus colaboradores y menos aún la administración del Estado, en su más amplio espectro, tuvieron conflicto real alguno con el ejercicio honesto y comprometido de los periodistas. La batalla que se libró fue contra la injuria como infracción y la mentira como atentado a la moral y la honra.
En la República del Ecuador no existen limitaciones para el ejercicio periodístico, no existe un solo periodista detenido por expresar sus opiniones y no se ha clausurado un solo medio de comunicación como consecuencia de su línea editorial. En el país existe y se garaniza la libertad de expresión: los periodistas gozan de absoluta libertad para ejercer su oficio con total apertura y sin ningún tipo de censura previa. ¿Puede algún medio privado del Ecuador aseverar que el Gobierno Nacional restringe sus contenidos? ¿Alguno de estos medios puede señalar un solo texto periodístico – sin importar el género – que se haya dejado de publicar porque algún funcionario del anterior Gobierno haya llamado a los dueños de su medio de comunicación para amenazarlos? La respuesta es clara, simple y definitiva: ninguno.
Profesionalización del Ejercicio periodístico: una conquista a la que no se debe renunciar
Fiel a su compromiso con la promoción de los derechos humanos, el Gobierno de la Revolución Ciudadana realizó enormes esfuerzos para favorecer la democratización de la comunicación y mejorar las condiciones laborales de las y los periodistas. Ya en diciembre de 2012, el Gobierno del ex Presidente Correa decretó un incremento salarial significativo para quienes ejercen esta noble profesión y exigió que las empresas dedicadas a la actividad comunicacional otorguen estabilidad laboral a los periodistas, acabando así con la precarización de este gremio. Tales medidas, en el mediano y largo plazo, han garantizado el adecuado reconocimiento económico al desempeño de las arduas tareas de la comunicación, a la vez que promueve una mejor calidad del servicio que, en definitiva, redunda en el acceso de la ciudadanía a una información de calidad.
Es importante mantener en la memoria uno de los principales los logros del Gobierno del Presidente Rafael Correa en esta materia: se equiparó la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores. De esta manera, un comunicador titulado no puede ganar menos de 800.00 dólares mensuales, mientras que uno que no tenga estudios de tercer nivel debe percibir como mínimo 600.00 dólares al mes.
Esta medida se económica se beneficia de los ajustes salariales que se realizan en el país al final de cada ejercicio económico asegurando la dignidad de la labor de los comunicadores.
Una de las contiendas más importantes que se libró desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana fue la defensa irrestricta de la verdad, como una cuestión de principio y no de antipatías personales o preferencias políticas. Cientos de infundadas acusaciones en todos los géneros periodísticos contra el anterior Gobierno y las mentiras que se han ido desmontando son ejemplos contundentes de que la República del Ecuador, dentro del ámbito mediático, es víctima de la mala práctica periodística de ciertos actores que, en lugar de informar, han convertido sus espacios en plataformas para el ataque a ultranza y la irresponsable confrontación política. Cabe recalcar que denunciar la mentira y buscar su reparación no equivale a destruir la reputación de nadie, pues la transparencia y la veracidad no llaman al desprestigio, así como exhibir la verdad no puede entenderse como una ofensa. En este sentido, en el período de gobierno anterior, se generaron más de 1.000 aclaraciones públicas que no han podido ser impugnadas por los autores de las informaciones falsas que las provocaron. Se trata de un necesario señalamiento a las mentiras construidas con malicia, esa es la realidad de cierta prensa mercantil autodenominada "libre e independiente", cuya ilegítima partidización disminuye el nivel de debate y corroe los cimientos de la democracia.
El Estado tiene la responsabilidad de facilitar la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios con el consiguiente acceso universal a las tecnologías de información. Por lo tanto, carece absolutamente de veracidad cualquier aseveración que pretenda sugerir que el anterior Gobierno persiguiera a periodistas y tuviera por intención el cierre arbitrario de medios de comunicación: nada más alejado de la realidad.
Desde el año 2007 hasta el fin de la Administración del ex Presidente Rafael Correa, se han creado más de 137 medios de comunicación privados, 241 medios de comunicación públicos[CLO1] y 20 medios de comunicación comunitarios. En el período comprendido entre los meses de octubre de 2009 y 2012, se ha concesionado, renovado y autorizado la operación de 416 estaciones privadas.
Las estaciones cerradas fueron 117, por motivos estrictamente administrativos y técnicos regulados por la Ley vigente en la materia y, por supuesto, en ningún caso por una supuesta motivación política. De las estaciones cerradas, la gran mayoría fueron radios musicales, sin espacios informativos o de opinión. Confundir estas decisiones administrativas con una “persecución” política es simplemente una falacia impresentable.
Es importante subrayar que la aparición de nuevos medios de comunicación ha sido significativa, lo que evidencia el florecimiento de nuevas voces, el fomento de la pluralidad y la participación ciudadana. Eso es promover la libertad de expresión en el país, generando nuevos espacios de información con atributos de calidad, veracidad y cercanía a toda la ciudadanía, todo esto sobre la base del respeto a los derechos humanos, dentro del marco de la Constitución y la Legislaciónvigentes.
A pesar de lo señalado, en la República del Ecuador asistimos a un escenario político enrarecido, donde quienes dicen representarnos han perdido su huella ética al promover la defensa a ultranza de los supuestos “derechos” y “libertades” de los medios de comunicación, especialmente cuando desinforman y ejercen actividades de linchamiento mediático en contra del anterior Gobierno y sus ex funcionarios. Solamente desde tal perspectiva es que esos medios acreditan y legitiman lo que ellos entienden por “libertad” de expresión.
El pasado al que no debemos regresar
No debemos olvidar que los ahora protectores a ultranza de la libertad de expresión, principales impulsores de retrógadas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, nunca se pronunciaron frente a las denuncias de precarización laboral en la mayor parte de medios de comunicación.
Basta mencionar algunos ejemplos a este respecto: en el mes de enero de 2013, Radio Colón cesó por vía telefónica a ocho de sus colaboradores, pese a que varios de ellos habían laborado durante un largo tiempo en ese medio de comunicación. En Guayaquil, Radio Colón separó a las periodistas Diana del Valle y Fanny Tomalá (laboró 9 años); en Quito, a René Villarroel (trabajó 10 años) y a Patricia Chango (laboró 3 años); en Ambato, a Santiago Pico; en Babahoyo, a Héctor Robinson; en Esmeraldas, a Leonardo Macías; y, en Santo Domingo, a Rosa Causes.
En el mes de enero de 2013, Diario La Hora despidió a tres reporteros en apenas dos días: Diego Campos, de la sección Economía; María José Carrera, de la sección Sociedad; y, Maribel Quishpe, de la sección Ciudad. Dos de los colaboradores ganaban al mes 400.00 dólares y el tercero 600.00 dólares. Sin embargo, debido al incremento de sueldos decretado por el anterior Gobierno Nacional, en diciembre de ese mismo año debían percibir hasta 817.00 dólares mensuales.
El 08 de enero de 2013, el diario El Universo ajustó horarios para reducir el pago de sobretiempo: sus reporteros fueron notificados de que, a partir de ese mes, ya no tendrían fines de semana libres, sino asueto de lunes a viernes. La Gerente de Recursos Humanos de ese medio de comunicación justificó que la medida se basó en una reglamentación emitida en diciembre de 2012. Así lo confirmó un comunicador de diario El Universo, quien detalló que a los periodistas se les convocó a una reunión para anunciar cambios en los pagos de horas extras: “Ahora tendrán descanso entre semana para que los sábados y domingos laboren como días normales y no con un pago adicional, de esta forma se elimina el pago extra que realiza la empresa”, detalló la fuente que prefirió ocultar su nombre por temor a futuras represalias.
El 28 de febrero de 2013, ante la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, se presentaron varias denuncias contra el extinto Diario HOY por parte de sus trabajadores, quienes afirmaban que durante un año y seis meses no habían sido pagados sus aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por lo que no podían tener acceso a los beneficios de la Seguridad Social ecuatoriana, entre ellos el servicio de salud y los préstamos hipotecarios.
Con esta clase de prácticas nefastas, una historia interminable de perjuicios continúa: desde que el Ministro de Relaciones Laborales expidió el Acuerdo Ministerial No. 216, publicado en el Registro Oficial No. 867 de 10 de enero de 2013, referente a los salarios minimos de las comisiones sectoriales, se han realizado más de 700 inspecciones a nivel nacional determinándose un porcentaje de incumplimiento superior al 65% de las obligaciones laborales de los medios de comunicación para con sus trabajadores.
La precarización laboral resultante se expresa en aspectos tales como:
El pasado no volverá si tenemos claro que la defensa de los intereses económicos y políticos de determinados medios de comunicación no significa luchar por la libertad de expresión.
Conclusión
En la República del Ecuador, no existe una situación estructural que limite el ejercicio pleno de la libertad de expresión en sus dimensiones individual y social. El Estado durante la Administración del economista Rafael Correa asumió el firme compromiso de asegurar una verdadera libertad de expresión para todas las personas que habitan en el país, en el marco de las obligaciones internacionales y las garantías de la Constitución de la República vigente.
Tal es el objetivo central de la Ley Orgánica de Comunicación, el mismo que debe nutrirse y enriquecerse de los aportes de los diversos sectores sociales y de las opiniones de los organismos especializados, particularmente a nivel interamericano, para dar paso a un proyecto de reforma normativa sustentado y coherente con el respeto irrestricto a la libertas de expresión.
[1] A
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
