La violencia de género es una de las formas en que se expresa la violencia humana. En el ejercicio de la política del siglo XXI en nuestra región, lastimosamente este tema continúa vigente. Para explicar esta tesis, es necesario dejar de lado la división entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. La explicación a esta conceptualización teórica la encontramos en que las construcciones jurídicas de nuestras legislaciones dentro del esquema de garantía y protección de derechos se fundamentan sobre una base de definición de género. Según Gloria Comesaña Santalices, esto “ha sido definido como una construcción cultural que rige las relaciones sociales entre los sexos y los códigos normativos y valores-filosóficos, políticos, religiosos-, a partir de los cuales se establecen los criterios que permiten hablar de lo masculino y lo femenino, y unas relaciones de poder asimétricas, subordinadas, aunque susceptibles de ser modificadas en el transcurso del tiempo”.
Asimismo, Comesaña Santalices aclara que “la noción de patriarcado (un mundo organizado en función de la dominación de los varones) implica necesariamente la noción de poder y lleva al intento de explicación de la condición femenina hasta sus últimas consecuencias”.
Las mujeres que participamos en política sufrimos una doble discriminación sistemática, en la lucha por el poder; cuestionan nuestro aspecto físico, vaciando de contenido nuestros discursos e ideas, con insultos y agresiones personales en medios de comunicación “independientes”, en redes sociales, buscan minimizar la participación política, legítima que ejercemos. Varios son los ejemplos en la región donde ex presidentas, legisladoras, ministras, o lideresas sociales son víctimas de la crítica machista; desacreditando la participación política de la mujer en la actualidad.
Lamentablemente, estas prácticas se están naturalizando en nuestros países, por lo que es necesario un proceso de fortalecimiento sistemático de las políticas públicas que impliquen cambio de los patrones socioculturales discriminatorios, en aras de una igualdad real en la praxis política, desde la construcción de legislación con enfoque de derechos hacia el fortalecimiento institucional. Hay que reconocer que han existido avances legislativos y políticos en esta materia, sin embargo, es un proceso de construcción, constante, en donde se requiere de un compromiso firme de la clase política para erradicar este tipo de violencia. A pesar de sufrir violencia y machismo, la representación de las mujeres en la región latinoamericana es mayor que en otras, un ejemplo es el número de presidentas que hemos elegido. Mujeres políticas enfrentadas a “propaganda despectiva y sesgada”, que alcanzan las más altas representaciones en sociedades con mayores índices de feminicidio.
Para cambios profundos se requiere respeto a la libre opinión y una garantía plena del ejercicio de libertad de expresión en la práctica política, la erradicación de la violencia incluye la igualdad de oportunidades y el reconocimiento pleno de igualdad formal y material de la participación desde una visión de protagonismo en la toma de decisión de los destinos nacionales de nuestros países, la meta objetiva de un proceso de consolidación en la integración de nuestras naciones en la lucha por la consolidación de la erradicación de la violencia de género y la lucha por nuestros derechos.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
