La clase política de América Latina, desde el inicio de la época Republicana, ha tenido siempre el anhelo de encotrar un mecanismo de integración adecuado para posicionar a la región como actor estratégico en el mapa geopolítico global. Diversas han sido las organizaciones que se han creado con distintos fines e impulsores y, sin embargo, la integración efectiva está lejos de alcanzar niveles reales de convergencia en aras de una interacción que procure el desarrollo conjunto con proyección en el escenario internacional.
Los sucesivos proyectos de integración, desde el Mercosur hasta la Alianza del Pacífico, siempre han tenido el libre comercio no únicamente como línea directriz sino como un fin en sí mismo. Fue en el año 2000 cuando se organizó por iniciativa brasileña la primera Cumbre Sudamericana con un enfoque netamente comercial. No obstante, surgieron otras propuestas más amplias, como la integración a nivel de infraestructuras viales y de comunicación, un plan conjunto de combate al narcotráfico y la defensa de la democracia. Así, el Tratado Constitutivo de la Unasur, en 2008, dejó de lado la perspectiva exclusivamente comercial para enfocarse en los temas de convergencia propios de las necesidades de la región, así como en una agenda común de desarrollo social, educación, salud, energía y defensa. Unasur se planteó como una institución que permitiera el impulso de objetivos comunes y desarrollara políticas aplicables a escala continental. La inauguración del edificio sede de la organización en 2014 en Quito con presencia de ocho Jefes de Estado parecía impulsar de forma irreversible la integración sudamericana.
Lastimosamente, en estos tiempos la institucionalidad de la Unasur ha quedado reducida a un simple formalismo que difícilmente resiste sus embates más recientes, desde el abandono de seis de sus miembros hasta el pedido de devolución de la sede por parte del gobierno actual de la República del Ecuador. La situación de la organización es consecuencia de diversos desatinos al igual que de un cambio de contexto político en la región. Lastimosamente, no existe un actor de peso que impulse la integración efectiva en estos momentos, por lo cual difícilmente se puede avanzar en la consecución de las metas que se plantearon. Por otra parte, la falta de capacidad de acción del organismo hace tambalear su proyecto. Si una institución quiere funcionar como tal, debe tener la capacidad de tomar decisiones por su propia iniciativa y no depender únicamente de la voluntad individual de cada uno de sus miembros para poder actuar. A pesar de que a la Unasur se le encargó una extensa agenda con ambiciosos objetivos, nunca se profundizaron sus atribuciones para poder cumplirlos.
Finalmente, la Unasur y su institucionalidad han sufrido el mismo problema que una inmensa cantidad de políticas públicas en el continente: la falta de estabilidad en su implementación. Si el contexto de la primera década del siglo XXI permitió darle vida al organismo, el cambio de orientación política en los gobiernos sudamericanos hacia una postura más conservadora y el alejamiento de la línea progresista revierte considerablemente los objetivos y planteamientos originales de integración y desarrollo democrático y social en la región.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
