Estimados lectores, los tratados bilaterales de inversión (TBI); y su aplicación en las economías de América Latina fueron pensados por los países miembros de la OECD, “La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el fin de crear un marco legal especial para la protección de sus inversiones en otros países, básicamente en desarrollo, diferenciado de la costumbre y la legislación internacional existente en la materia dentro de nuestras legislaciones, bajo la dinámica de los Acuerdos Internacionales de Inversión en Latinoamérica.-
En un contexto histórico regional; podemos mencionar que la profunda crisis económica vivida por la región en la década de los años ochenta, las recetas del Consenso de Washington en favor de la liberalización del mercado de capitales, unida a la aplicación de políticas de ajuste y reforma estructural bajo los auspicios y condicionamientos de los principales organismos financieros internacionales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el crecimiento inusitado en los flujos mundiales de inversión extranjera esencialmente a partir de la década de los años noventa.
Por su parte la República del Ecuador, ha tomado una posición firme en el tema; pues en el año 2008 decidió la denuncia de nueve tratados bilaterales y a fines de año 2009 el ex presidente de la República Rafael Correa, bajo las reglas del nuevo texto constitucional, solicitó a la Asamblea Nacional aprobar la denuncia de 13 TBI con (Finlandia, Suecia, Canadá, China, Países Bajos, Alemania, Francia, Reino Unido, Argentina, Chile, Venezuela, Suiza y Estados Unidos); Bajo el acertado argumento de que son perjudiciales a los intereses nacionales y contrarios al artículo 422 de la Constitución que impide ceder jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en determinadas circunstancias, y una aplicación del principio de soberanía.
En un contexto regional los resultados han sido magros, pues los beneficios en cuanto a crecimiento económico son menores a los obtenidos en el periodos anteriores, es decir América Latina a crecido de forma sostenible sin regirse a los TBIS esto es, de aplicación del modelo ISI, y tampoco se logró transformar la estructura productiva como se advierte en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pues la región continúa siendo predominantemente exportadora de recursos naturales y manufacturas con baja tecnología; al mismo tiempo, la evidencia sobre los nuevos proyectos en materia de IED muestran que en la región predominan sectores de baja y media-baja tecnología y las actividades de investigación y desarrollo son escasas, estos factores pueden concebirse como nada alentadoras en términos de creación de capacidades, derrames tecnológicos, productividad y capacidad de absorción y fortalecimiento del sistema de innovación; a estas consideraciones se aúnan los efectos en la realidad fáctica de la dinámica bilateral de los acuerdos de inversión extranjera, tales como la reducción y limitaciones para el establecimiento de políticas públicas necesarios por un lado para garantizar el desarrollo de la industria nacional y por otro para la regulación de acuerdo a las necesidades económicas, sociales, culturales, ambientales y así garantizar el bienestar de la población.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
