El caso Chevron es una compleja trama jurídica en la que se entrecruzan un conflicto entre particulares (las comunidades amazónicas de la República del Ecuador vs Chevron) y un conflicto entre empresa extranjera y Estado (Chevron vs Ecuador), en que finalmente han primado los TBI y el sistema de arbitraje internacional, que en este caso han develado sus falencias y se han evidenciado como instrumentos que favorecen la impunidad del capital transnacional.
En este contexto, llama profundamente la atención la trivialización que del caso hicieron algunas autoridades del Gobierno Nacional y la Procuraduría General del Estado en días anteriores, cuyas primeras declaraciones fueron bastante desafortunadas y anticipadas.
Aspectos Generales del Laudo Arbitral dictado por la Corte de la Haya vs. declaraciones de algunos personeros de Gobierno en la República del Ecuador.-
Dentro del estudio del documento de 520 páginas, en relación a lo informado por ciertos personeros de Gobierno a la comunidad nacional e internacional, respecto de la aplicación del derecho de repetición contra el Ex Presidente de la República Rafael Correa Delgado y otros ex funcionarios públicos, es necesario destacar que en ninguna de las conclusiones del Tribunal, ni aun de modo indirecto, habilita o sugiere la posibilidad de demandar al Gobierno del Presidente Correa. Esto, en franca contradicción con las declaraciones públicas del Dr. Jurado, Secretario de la Presidencia de la Presidencia.
Más aún, el laudo no habilita para demandar al Gobierno del Presidente Correa sino que expresamente INHABILITA para hacerlo de forma expresa.
Respecto de los aspectos medulares del Laudo, podemos manifestar:
Que no existe evidencia alguna (como alegaba Chevron) respecto del supuesto de que el Presidente Correa o cualquiera de sus personeros hayan llamado a algún juez por el Juicio de Lago Agrio, ni durante, ni después del proceso (ref. 4.286).
Que tampoco es verdad, ni fue aceptada, la tesis de Chevron de que Ecuador es un país con “corrupción institucionalizada” (8.61), como algunas partes interesadas han pretendido hacer creer a la opinión pública.
Que se rechazó que hubiera podido existir “intervención” del Gobierno en el caso, por cuanto dos altos ejecutivos de Chevron fueron absueltos por la Fiscalía durante el gobierno del Presidente Correa, demostrando que el Poder Ejecutivo no tuvo injerencia alguna ni interfirió en este tema de modo alguno, siendo su tratamiento prerrogativa exclusiva del Poder Judicial.
En conclusión:
El daño ambiental EXISTIÓ por parte del operador Texaco, y eso lo reconoce el laudo arbitral. Pero ahora los pobladores, y todos los ecuatorianos, quedarían en la indefensión porque un tribunal resolvió que se impide actuar ejerciendo derechos colectivos y solo permite actuar ejerciendo derechos individuales. Esto es inconstitucional y no puede ser reconocido por autoridad ecuatoriana alguna. La Procuraduría General del Estado y la Presidencia de la República deben explicaciones formales al país respecto del veto parcial de última hora de la popularmente llamada “Ley Trole 3” (Ley urgente de Fomento Productivo), que derogó las reformas al Código General de Procesos que se ajustaban perfectamente a la Convención de Nueva York y que hubiesen protegido al Estado y a las comunidades afectadas contra la aplicación de este laudo. El pueblo ecuatoriano solo puede esperar que su actual Gobierno adopte una posición patriótica y envíe urgentemente un proyecto de ley para revertir los efectos de la mencionada disposición derogatoria de la “Ley Trole 3”.
Es necesario, finalmente, mencionar que el Laudo no establece indemnizaciones, lo que pasará a una nueva etapa del proceso, que durará todavía un año más. Pero lo más probable es que condenen a la República del Ecuador a pagar todos los gastos correspondientes a los abogados de Chevron, a la sazón varias decenas de millones de dólares, además del subsecuente daño moral. Es indispensable que el Gobierno ecuatoriano actúe acorde al interés nacional y se dedique a armar su defensa, en lugar de buscar convenientemente a quién culpar mientras los plazos procesales discurren, en perjuicio de los intereses del pueblo, la naturaleza y las comunidades directamente afectadas.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
