Ecuador enfrenta una etapa de confrontación, producto de decisiones tomadas desde las altas esferas del gobierno. Para responder a la pregunta planteada ¿Por qué Ecuador en 2019 debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente? es necesario explorar los mecanismos relacionados con la protección de los Derechos Humanos, desde los principios que podrían configurar la ruptura del estado de Derecho.
La historia más reciente revela que en el país se dio paso a un proceso de desinstitucionalización, protagonizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio; organismo que, mediante el encargo de poderes fácticos, o la mal llamada subrogación de las máximas autoridades de las funciones del Estado, dio paso a un proceso, o suerte de destrucción de lo que en su momento denominamos en la constitución de 2008 “institucionalidad”.
¿Qué es la ruptura del Estado de derecho, y del Estado de Institucionalidad? Es lo que cabe analizar de entrada. Para legitimar decisiones de carácter político, cualquiera que esta sea, es necesario respetar lo que establece la ley. Si Ecuador enfrenta una situación crítica, la respuesta debe ser contundente.
Urge entonces la necesidad imperiosa de encaminar ese rumbo, desde una Asamblea Constituyente, que permita que ese cambio sea de raíz. Existen antecedentes que podrían ser considerados como referentes a lo largo de nuestra historia como República, sin perder de vista que el titular del poder constituyente es el pueblo, y, que dicho poder es ilimitado por su propia naturaleza.
La historia cuenta que ese poder constituyente surge a finales del siglo XVIII. Nace como un mecanismo para crear y organizar al estado, en un contexto en el cual no existía ordenamiento jurídico superior. ¿Sirve esta explicación, para entender el desvanecimiento del estado de derecho, luego de 10 años de revolución y estabilidad política?
Pues sí, era necesaria en estos tiempos post Revolución Ciudadana, para encontrar la vía y subsanar los desvanes que viene sintiendo la República los últimos dos años, con el cambio de gobierno.
Identificado el problema, y analizada la vía de solución, es indispensable que ese proceso constituyente, no tenga elementos contradictorios. Hay que comparar las necesidades de los movimientos sociales en los procesos constituyentes de 1998, 2008, desde la concepción de la inclusión de asambleístas constituyentes en representación de los movimientos sociales y el despliegue de acciones colectivas en los espacios públicos para incidir en la praxis del funcionamiento de reconstrucción de la institucionalidad del Estado.
La base de este nuevo estado de derecho e institucionalidad debe estar respaldado por la participación de las organizaciones sociales, con demandas específicas, en el marco de un estado plurinacional e intercultural, en busca del desarrollo sustentable, para el cumplimiento programático del “Sumak Kawsay”, desde la visión del derecho constitucional.
En conclusión, entonces ¿Ecuador en 2019 debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente? Sí es necesario, y al parecer la vía más eficaz. Por tanto, es fundamental que ese proceso, sea estructurado tomando en cuenta su origen, para que la recuperación de esa institucionalidad sea irreversible.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
