Presentación:
Soy Asambleísta por el Distrito 4 de la provincia del Guayas; y Vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria.
Periodista Profesional y actualmente soy Maestrante en Administración Pública en la Universidad Estatal de Milagro.
Gestión correspondiente al periodo 2019:
Para dar cumplimiento a lo que manda la Ley, me permito presentar el informe de rendición de cuentas, con el objeto de que sea sometido a deliberación pública y evaluación ciudadana, para lo cual procedo a detallar las actividades desarrolladas.
1.- Proyectos de resoluciones
a) Resolución para solicitar la comparecencia de los Ministros de Educación y de Salud Pública, para que informen sobre la intoxicación alimentaria de 37 niños de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera del cantón Milagro; y, comparecencia del Ministro de Educación para que informe sobre el caso del Señor Freddy Gómez Villegas, padre de familia que se encadenó para conseguir el cambio de unidad educativa de sus hijos
Pedí la comparecencia del Doctor Milton Luna Tamayo, Ministro de Educación con el objeto de que informe sobre la intoxicación ocurrida a 37 niños de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera del cantón Milagro, como consecuencia de la ingesta de leche soborizada adulterada proporcionada por el Ministerio que dirige y explique cómo se hace el control de compras públicas para el programa de alimentación escolar y qué compensación se va a dar a las familias de los niños afectados.
También solicité en el mismo proyecto de Resolución la comparecencia de la Doctora Verónica Espinosa, Ministra de Salud Pública con el objeto de que informe sobre las acciones tomadas en la atención de la salud de los 37 niños que presentaron intoxicación alimentaria procedentes de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera del cantón Milagro.
A pesar de que el Pleno aprobó con 103 votos afirmativos la inclusión en el orden del día para que este proyecto de Resolución sea debatido, el Presidente de la Asamblea no volvió a convocar este punto por lo que lamentablemente no se procedió a debatir esta propuesta.
b) Resolución para que comparezcan varias autoridades de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP a fin de que expongan la problemática que afecta su liquidez
Se realizó en el Cantón Daule el viernes 12 de julio de 2019 la “Socialización en territorio del Informe de Cumplimiento de Compromisos Adquiridos por la Gerente General de la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA-EP”, y considerando que estuvo presente el Presidente de la Asamblea Nacional, se consideró la posibilidad de que se reciban en el Pleno de la Asamblea Nacional a la Gerente General y varias autoridades de la UNA EP con el propósito de que expongan la problemática que atraviesa esta empresa pública y que afecta su liquidez y en consecuencia imposibilita el cumplimiento del pago a los productores arroceros por sus cosechas. En consecuencia solicité al Señor Presidente incorporar como punto del orden del día, en una Sesión del Pleno el tratamiento de un proyecto de Resolución para dar soluciones a las diversas problemáticas que afronta la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento.
El debate de la mencionada Resolución se lo realizó en la Sesión 609 del Pleno de la Asamblea Nacional con fecha 30 de julio de 2019, en donde fue aprobada con 77 votos a favor.
Esta Resolución dispuso solicitar al Ministro de Agricultura y Ganadería, a la Procuraduría General del Estado para que conjuntamente con la UNA EP se lleve a cabo un proceso de mediación. De igual forma se exhortó al Directorio de la UNA EP que haga el correspondiente análisis con el objeto de autorizar al Gerente General de esta empresa pública, para que se proceda a la comercialización de los productos por debajo del precio del costo en función de la calidad del producto. También se solicitó tanto a la Contraloría General del Estado como a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que prioricen las investigaciones y determinación de responsabilidades que se encuentren en curso por los contratos de venta a plazo según las denuncias realizadas por la Gerencia de la UNA EP. Adicionalmente se solicitó a la Fiscalía General del Estado se investigue el posible cometimiento de delitos de peculado, uso doloso de documento privado u otros por los contratos de venta a plazo según la misma denuncia efectuada por la Gerente de la UNA EP.
c) Resolución para solicitar la comparecencia de la Superintendente de Bancos para que informe sobre la situación del Banco del Pichincha y la no prestación de los servicios financieros a sus clientes por más de 24 horas
Pedí la comparecencia de la Superintendente de Bancos, Licenciada Ruth Patricia Arregui Solano en el Pleno de la Asamblea Nacional con el objeto de que informe sobre la situación del Banco del Pichincha y la no prestación de los servicios financieros a sus clientes por más de 24 horas y sobre los operativos de supervisión y monitoreo que públicamente la Superintendencia de Bancos anunció el miércoles 14 de agosto de 2019 y los correctivos y sanciones que haya tomado.
Lamentablemente, mi pedido de cambio del orden del día no fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional por lo que esta legislatura no pudo conocer la real magnitud del problema que se presentó con este lamentable acontecimiento que ocasionó dificultades a un número significativo de clientes de esa entidad financiera privada.
2.- Seguimiento de los proyectos de Ley presentados en el 2013-2017 y 2017-2021
Actualmente se hace necesario que mencione que se encuentran pendientes de trámite proyectos de Ley que presenté en el periodo anterior y en el actual, y que todavía están para revisión en las respectivas Comisiones y que se proceda a elaborar su respectivo Informe, tomando en cuenta que existen varias propuestas sobre los mismos temas y deberán ser unificados en una sola propuesta.
Al respecto me permito informa qué proyectos son:
a) Proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Considero esencial proteger el derecho al trabajo, que además es un deber social y base de la realización personal y de la economía de un país. Lamentablemente en la construcción de leyes, siempre se puede encontrar errores que pueden vulnerar derechos garantizados en la Constitución de la República, y ese es el caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que si bien se define qué se entiende como transporte comercial, en una de las disposiciones de generales, cuando se hace referencia al servicio de transporte de mototaxis o tricimotos, que es un servicio de transporte comercial, se determina que se lo hará bajo circustancias excepcionales, y esto esto que vulnera el derecho al trabajo consagrado en la carta fundamental y que ocasiona serios problemas a los dueños de estos medios de transporte al tratar de conseguir permisos para funcionar con esta actividad. Es por esto que presenté este proyecto de Ley para que se elimine la condición de excepcionalidad de este tipo de transporte.
Actualmente, este proyecto que se encontraba en la Comisión de Desarrollo Económico, pasó por disposición del Pleno de la Asamblea Nacional a la Comisión Ocasional para Coordinar, Evaluar y dar Seguimiento al Consejo Consultivo establecido en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a la misma que se enviaron todos los proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa en materia de reforma de tránsito y transporte terrestre, entre ellos el mío.
Actualmente el ponente de la Comisión finalmente ha recogido toda mi propuesta en el proyecto, esto es eliminar la excepcionalidad de la prestación del servicio de tricimotos, y que este tipo de servicio no afecte únicamente al transporte público y se elimine la afectación al transporte comercial. Se espera que el informe para segundo debate esté aprobado en el mes de marzo.
b) Ley de Incentivos y Fortalecimiento del Sector Productivo Agropecuario y Agroindustrial
Considero que este proyecto de Ley se justifica porque se requiere de un grupo de normativas que se enfoquen en el desarrollo integral del sector agropecuario basado en las necesidades sociales, económicas y fiscales, entendiendo así el alto grado de vulnerabilidad del sector.
En ese sentido, los altos costos de producción y distribución, la competencia desleal y desigual con nuestros vecinos fronterizos, los riesgos de operar un negocio agropecuario, requieren de incentivos los cuales deben estar no solo dirigidos en la ámbito tributario si no también deben de estar fortalecidas desde un grupo de políticas públicas sostenidas en el tiempo y que sean políticas de Estado no solamente de gobierno, que contribuyan al desarrollo de un sector que aporta con el crecimiento de la Patria.
Actualmente este propuesta se encuentra en la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, y está considerada para ser fusionada en un solo proyecto de Ley conjuntamente con la propuesta de Ley Orgánica de Fomento y Desarrollo Agropecuario, la misma que esperamos tener un informe para primer debate para el mes de junio aproximadamente.
c) Proyecto de Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico Penal Integral en materia de Abigeato
Todo ecuatoriana y ecuatoriano tienen el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual; y, el derecho de propiedad, siendo fundamental que el Estado proteja y garantice a los habitantes del país, que la actividad productiva de la ganadería no sea amenazada, ni tampoco su patrimonio legítimo, sea conculcado y violentado por la delincuencia. Todo esto, también atenta contra la soberanía alimentaria, el buen vivir y el derecho a la salud de los ecuatorianos, derechos igualmente, consagrados en la Constitución.
Considero que las sanciones con penas privativas de libertad muy blandas, son insuficientes para disuadir la conducta de los sujetos activos que la cometen y ocasionan una gran inseguridad a la familia campesina, es por esto que se justifica plenamente la presentación de este proyecto de Ley para endurecer las penas para los delitos de abigeato, receptación y hurto y de igual forma para la contravención de hurto.
Lamentablemente, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado no solo que no ha recogido mi propuesta en el informe para primer debate, sino que al presentar ellos una propuesta que implica sancionar nuevas circunstancias, por un tema de dosimetría y proporcionalidad en la aplicación de las penas, la respuesta implica una disminución de penas, lo cual no responde a las necesidades y respuestas que requiere el sector ganadero del país.
Finalmente, pensando en el sector ganadero y con el objeto de que no se afecte al mismo con la disminución de penas, se dejó el tipo penal del abigeato tal y como consta actualmente.
3.- Intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional
a) Evento público en el cantón Daule donde se desarrollo el informe de rendición de cuentas de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP
En mi intervención informé a la Gerente General de la UNA EP, que su informe de cumplimiento de compromisos fue ya remitido a los señores miembros de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sectro Agropecuario y Pesquero, en el mismo se señala que para atender la emergencia de los productores arroceros se ha dispuesto el pago de los agricultores con los recursos de autogestión que la UNA EP tiene en sus cuentas bancarias.
En consecuencia solicité al Señor Presidente de la Comisión la comparecencia de la Señora Gerente y varios funcionarios de esta empresa, con el objeto de informar sobre las problemáticas que aquejan a esta empresa pública, concretamente: a) Programa FERTIUNA creado mediante convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la UNA EP; b) Precio del arroz para la venta por parte de la UNA EP, que hace que esta empresa pública no sea competitiva en el mercado; y, c) Suscripción de contratos de venta a plazo del arroz de la UNA EP en condiciones que resultan perjudiciales para la empresa pública.
Aproveché la oportunidad de solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional, Asambleísta César Litardo, la posibilidad de llevar este tema al Pleno de la Asamblea Nacional y posterior a ello preparar una resolución que permita atender estas problemáticas y procurar una mejor liquidez para la UNA EP.
b) Intervención en el debate del proyecto de Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia
Con ocasión de la comparecencia en comisión general en este Pleno de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, quien planteó entre otras reformas, el cambio del método de asignación de escaños en donde se propuso utilizar el sistema webster para todas las candidaturas pluripersonales y la eliminación de las circunscripciones electorales. Ante esto manifesté mi preocupación por el hecho de que se pretenda la eliminación de las circunscripciones electorales o lo que más comúnmente conocemos con la denominación de distritos electorales. La importancia de realizar esta división con fines electorales, encuentra su sustento principal, de lograr una mejor representación de la ciudadanía con candidatos que al ser oriundos del mismo distrito al que van a representar, tengan una cercanía más efectiva con el electorado, y un territorio geográficamente más reducido que permita realizar una mejor acción contacto con la ciudadanía.
La eliminación de los distritos hubiera afectado gravemente la representatividad de las minorías, es decir, nuevamente se concentraría la forma de elegir representantes de manera excluyente dado que los distritos permiten mejorar la democracia en la forma de promover sus candidatos.
c) Primer debate del proyecto de Ley Orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal
En esta intervención hice un comparativo con dos legislaciones externas (Argentina y Colombia), y puse énfasis en que nuestras sanciones son blandas y no abarcan otras situaciones que deberían ser penadas.
El informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, indicó que en lo referente a la dosimetría de penas, el COIP en el momento que fue aprobado, se utilizó como lógica la de mantener las penas que se encontraban vigentes en en anterior Código Penal, incluso se añade que se aumentaron penas pero no se contempló disminuirlas, y que esto atenta contra el principio de proporcionalidad contemplado en la Constitución de la República.
Me imagino que este fue el criterio que se ha utilizado para modificar las sanciones en nuestro COIP del delito de abigeato, porque la propuesta que hizo la comisión estableció una gradación de penas, pero hacia la baja. En relación a esto expuse que esta gradación de penas, me trajo a la mente el llamado derecho penal simbólico que no es otra cosa que la instrumentalización del derecho penal para contraponer una situación real y una situación aparente, son solamente procesos comunicativos de intromisiones meramente simbólicas, por cuanto no sirven para prevenir, controlar ni reducir la criminalidad, pero aparentan proporcionar seguridad y tranquilidad.
Y esto es lo que pasaría si se aceptaba la propuesta de gradación de penas pero disminuyéndolas con respecto a lo que establece la legislación vigente, al considerar lo que la Constitución manda que es establecer una proporcionalidad de la pena. Pero cuando se trata del delito de abigeato, no solo que estamos protegiendo el bien jurídico de la propiedad privada, sino que también se busca proteger la producción ganadera en toda su cadena, esto es el derecho al trabajo y a desarrollar actividades económicas; y no olvidar que una realidad es que el ganado que es hurtado o robado se lo faena de manera clandestina, sin condiciones higiénicas adecuadas, lo cual puede repercutir en la salud humana, por lo que se afecta también bien jurídico que es el derecho a la salud. Por consiguiente tenemos varios elementos que hacen del delito de abigeato un delito que no solamente afecta al derecho a la propiedad sino otros derechos, y justifica que tenga sanciones más drásticas que otros tipos penales contemplados dentro del bien jurídico a la propiedad.
d) Primer debate del proyecto de Ley que Regula la Producción y Comercialización del Banano , Plátano, Orito y otras Musáceas
La actual Ley que se encuentra en vigor, data del año 1997, es decir que contamos con una legislación que ya tiene más allá de 20 años de vigencia, la misma que apenas consta de 13 artículos que no regulan de manera clara las relaciones jurídicas por ejemplo entre productores y exportadores o condiciones en cuanto a la calidad de la fruta. De una rápida lectura de la normativa actual, ni siquiera considera cuál es el objeto de dicha Ley, en donde directamente se regulan situaciones como el precio mínimo de sustentación de la fruta o la prohibición para realizar nuevas siembras de banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines.
La realidad de nuestro país es totalmente distinta a la que teníamos hace más de 20 años, y es necesario regular y poner reglas claras en varios aspectos.
Es así que esta Ley topa aspectos tan fundamentales como son la calidad de la fruta, la responsabilidad por dicha calidad, aspectos fitosanitarios de la fruta; aspectos relacionados con respecto a los productores, comercializadores y exportadores de la fruta; en cuanto al precio mínimo de sustentación no solo se aborda el mismo sino que también se hace referencia al precio mínimo referencial a bordo y las fórmulas de calculo de estos precios; entre otros tantos aspectos que se topan en este proyecto.
Existió una propuesta por parte de los productores de que el “comprobante de entrega de la fruta” se constituya en un título valor, con el objeto de que este documento sea libremente negociable, sin embargo esta propuesta de convertir al “comprobante de entrega de la fruta” en título valor no fue aceptada, a lo cual se propuso darle el carácter de título ejecutivo a este documento, amparados en lo que dispone el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos que de manera general dispone que “Son títulos ejecutivos siempre que contengan obligaciones de dar o hacer” y en su numeral 8 se especifíca “Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos”.
e) Intercención reformas a la Constitución de la República
Una Constitución que reconoce derechos como nunca antes lo hizo otra Constitución en el Ecuador, progresista y que ha sido admirada en otras latitudes por ser una de las pocas cartas magnas que recoge el Neo constitucionalismo y que que tiene su base en el Derecho Constitucional, adaptado a las exigencias de las ciencias sociales y políticas contemporáneas para alcanzar un grado óptimo de la satisfacción de las necesidades de la persona humana. Porque recordemos que nuestro proyecto político siempre ha privilegiado al ser humano sobre el capital.
Este Gobierno no está contento con haber creado un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a su medida, que de forma arbitraria destituyó funcionarios para cambiarlos a su conveniencia, ahora se pretende otra vez trastocar la Constitución de la República, para nuevamente afectar al orden democrático que debe tener todo Estado y su debida estructura de pesos y contrapesos entre funciones que componen la división de poderes que debe caracterizar a un país civilizado.
La Presidenta de la Asamblea Nacional de ese entonces, anunció su intención de presentar una reforma constitucional para eliminar la capacidad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, trasgrediendo el marco Constitucional, sin que medie un proceso constituyente válido.
De conformidad con la Constitución del Ecuador, para dar paso a una reforma constitucional, el artículo 441 dispone que se puede realizar una reforma mediante consulta por referéndum o iniciativa popular cuando no se altere la estructura fundamental del Estado, el carácter o los elementos constitutivos de este. Es decir, que la reforma a la Constitución para modificar la estructura y funciones de uno de los poderes del Estado, no puede realizarse por simple enmienda, como se pretende con el proyecto de Resolución que se está debatiendo, sino que se requiere una Asamblea Constituyente. Estamos ante una situación en la que se afectarían los derechos de participación política de los ciudadanos, que acaban de elegir autoridades para que desarrollen funciones preestablecidas, es decir los ciudadanos eligieron a siete personas para que conformen un nuevo Consejo de Participación Ciudadana sabiendo que una de sus atribuciones es la de designar autoridades
De aprobarse esta propuesta se provocaría un nefasto precedente, de carácter negativo en el orden democrático, en flagrante vulneración de los derechos de los ciudadanos, de la democracia, del acceso a la justicia, de los derechos humanos, y la seguridad jurídica.
f) Primer debate de la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de la Palma Aceitera
En esta intervención comente que en caso de aprobarse esta iniciativa, se sumaría a la Ley del Banano que ya está vigente y que probablemente genere que se hagan más propuestas de leyes individuales por cada sector agropecuario existente, y quizás sin un sustento técnico lo que provocaría una proliferación de legislación dispersa. En este sentido, recordé al Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y ponente de este proyecto de Ley mi propuesta de trabajar en un Código Orgánico Agorpecuario, que desarrolle normativa que le es común a todos las cadenas agroproductivas como puede ser la necesidad de realizar un censo agropecuario que permita conocer la realidad de cada uno de los sectores, y en ciertos casos desarrollar articulados que de forma expresa regulen necesidades particulares de determinados productos.
Por otra parte el artículo 5 de la propuesta contempla declarar prioridad nacional para el cultivo de la palma aceitera. Al declararse mediante Ley que el sector de la palma aceitera tendrá prioridad, se les están dando beneficios especiales que no tendrían otros sectores agropecuarios, tales como simplificación de trámites o la adopción de políticas tributarias que favorezcan a este sector, se podría afectar el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación. En este articulo se puede ver la necesidad de trabajar en una normativa global que beneficie a todos los sectores agropecuarios por igual.
En cuanto a los artículos 18, 19 y 20 de este proyecto de Ley que hablan del precio mínimo referencial para la palma aceitera, tengo primero una observación de forma, puesto que debemos determinar el término adecuado, ya que en la Ley del Banano hablamos de “precio mínimo de sustentación” ya que no es lo mismo referencial que sustentación. Adicionalmente los tres artículos sufren de tautología, puesto que repite las mismas ideas de diferente forma, y bien se podría desarrollar en un solo artículo. Adicionalmente tenemos otro caso de tratamiento diferenciado, porque en este proyecto, en el artículo 21 que habla de las sanciones, se dice que si no se cumple con el precio mínimo referencial se sanciona con el equivalente a cinco veces el monto del valor no pagado, sin embargo en el proyecto de Ley del Banano que aprobó esta comisión en segundo debate, que por cierto hasta la presente fecha no ha sido puesto en la agenda de este Pleno, se establece en cambio una multa de dos veces el valor de lo no pagado por el no pago del precio mínimo de sustentación, yo me pregunto porque esta discriminación, ¿qué diferencia a la palma aceitera del banano?, se necesitan unificar criterios, y esta es otra razón más para hablar de una normativa global unificada.
g) Primer debate de la Ley para la Transparencia Fiscal y Optimización del Gasto Tributario
Mencioné que hubieron muchos casos de productores que se acogieron a la remisión de intereses, intereses por mora y costas judiciales de las operaciones de crédito de Banco Nacional de Fomento, en Liquidación, dispuestas por la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Sin embargo, dicha Ley también contempló que las deudas registradas por el Banco Nacional de Fomento en Liquidación que corresponden a créditos de personas de la tercera edad podían ser condonadas en un 50%, pero sucede que por el otro 50% que no fue condonado actualmente ahora tienen una deuda que ha crecido por los intereses e intereses de mora, ¿por qué si se condonó totalmente deudas correspondientes a personas naturales en sociedad conyugal o en unión de hecho en donde uno de los convivientes o cónyuges ha fallecido o de aquellas personas que han contraído una discapacidad posterior a la contratación de la deuda, no se pudo aplicar una condonación a personas de la tercera edad que de acuerdo a la Constitución de la República son personas consideradas en situación de vulnerabilidad? Es por esto que propuse que se debía incluir en este proyecto de Ley una propuesta que permita considerar esta situación, y la condonación total de las deudas de personas de la tercera edad, la suspensión de los procesos coactivos iniciados y los juicios de insolvencia o quiebra, así como las medidas cautelares y de ejecución que en estos se hayan dictado.
Por otra parte me referí a otras reformas, principalmente las implementadas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que fueron algunas, y se podría decir que constituyen una buena parte del proyecto de Ley económico urgente. Principalmente indiqué que la reforma que procede a retirar la facultad que actualmente tiene la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y de Seguros privados, más conocida como COSEDE, de administrar el Fondo de Liquidez de los sectores financiero privado y del popular y solidario y los aportes que lo constituyen y se sustituye por la posibilidad de que si se requiere liquidez para los fines específicos de los fondos, el COSEDE efectúe directamente, o a través de un tercero del sector público, operaciones en el mercado de valores y negociar valores a precio de mercado sin que la diferencia generada, frente al valor nominal, derive en responsabilidad administrativa, civil o penal. Al respecto, además del hecho de que acudir a un mercado de valores, resulta más costoso por todos los procesos y actores que intervienen, se debe mantener el Fondo de Liquidez porque este es un fondo permanente que está constantemente “alimentado” de aportes de las IFIS y disponible en caso de necesidades de liquidez, versus la opción de recurrir a un mercado de valores que es volátil y depende de las condiciones de negociación y de necesidad urgente de liquidez por parte del COSEDE.
h) Primer debate de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca
Hice una especial referencia a la declaratoria de la zona exclusiva para ejercer actividades de pesca artesanal, que es una zona que comprende ocho millas náuticas, lugar donde se realizan los procesos de reclutamiento de especies bioacuáticas, medidas desde la línea de bajamar a lo largo de la costa continental del Ecuador hacia el mar, exceptuándose la milla de reserva para la reproducción de especies.
Esta zona ha existido ya desde hace mucho tiempo atrás, más allá de 30 años y se ha constituido en un derecho adquirido para los pescadores que se dedican a la pesca artesanal, y por eso ante un pedido de este sector, los miembros de la Comisión hemos decidido acoger esta propuesta, para que esté en una Ley, ya que actualmente esto está reconocido en un acuerdo ministerial, que como sabemos puede cambiar de un momento a otro, con cualquier cambio de la autoridad respectiva, y lo que buscamos es que eso no suceda, por eso la importancia de que exista este reconocimiento de la zona de pesca artesanal con un rango de Ley.
Se destacó que se incorporó una disposición para que en caso de que sea necesario, se pueda incrementar esta zona más allá de las ocho millas, para lo cual el ente rector sobre la base de evidencias científicas disponibles y otros requisitos especificados en la ley, lo pueda hacer, eso sí, se dispone que de ninguna forma se puede reducir esta zona a menos de las 8 millas ya establecidas.
Esta zona exclusiva es en beneficio de un sector que representa a pequeños y medianos productores y cuyas artes y aparejos corresponde a aquellos calificados como artesanales, estableciendo como prohibición el ejercicio de actividades de pesca por parte de la flota industrial.
4.- Pedidos de información:
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función legislativa, los Asambleístas tenemos como facultad, fiscalizar los actos de las otras funciones del Estado, es por esto que se han realizado 31 pedidos de información a diferentes autoridades con el objeto de que responden a los intereses ciudadanos, a estas autoridades:
Ministerio de Defensa Nacional: para que informe por qué el Jefe de Control de Armas de Pichincha del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no da trámite ni respuesta a la petición del ciudadano Ricardo Escobar Márquez, Presidente del Club Deportivo Especializado Formativo Rivera del Lago, tomando en cuenta que dicha solicitud fue efectuada desde el 15 de agosto de 2017 y lleva más de un año sin pronunciamiento de la mencionada unidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA-EP: Informe sobre aquellos contratos de compraventa, que tal como se asegura van a permitir que la empresa pública tenga mayor liquidez, y sin embargo al mismo tiempo no se ha podido pagar a los productores por la compra de arroz verano 2018, ni tampoco para comprar la cosecha de invierno 2019; y que explique por qué la empresa pública procede a vender el arroz por cada saca, a precios más altos que el precio que está fijado como precio techo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y a los productores se les paga a veces el precio piso o mínimo y a veces ni ese precio.
Ministerio de Agricultura y Ganadería: Para que informe por qué están demorando tanto tiempo los procesos de liquidación de 21 ex servidores públicos y en qué tiempo se va a proceder con el pago de las liquidaciones.
Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA-EP: Se solicitó documentación relacionado respecto de la relación contractual entre la UNA EP y la Asociación de Producción Agropecuaria Creciendo en el Agro, ASOPROCREAG; entre la UNA EP y Comercializadora Ledezma y Ledezma, Agrogruled S.A.; y, entre la UNA EP y groindustrias Pedro Bejarano, AgroindustriasBejarano S.A.
Corporación Nacional de Electricidad CNEL: Se pidió que informe el Por qué se procede a desvincular al ciudadano Pavel Alfredo Chao León, considerando que desempeñaba las funciones de Analista Recuperación de Cartera en la Unidad de Negocios Los Ríos, funciones que son importantes puesto que se encarga de la recuperación de la cartera que no ha sido cobrada y que implica recursos económicos y liquidez para la empresa pública que Usted gerencia.
BanEcuador: Se solicito que proporcione información a nivel nacional de todos los procesos de coactiva que la entidad financiera pública que iniciaron antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Restructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, durante el ejercicio económico 2017 y los que iniciaron ya en vigencia de la mencionada Ley.
Ministerio de Educación: Se pidió que se informe por qué a la niña Arantza Millary Cantos Morales se la ha asignado una unidad educativa que está tan distante de su lugar de residencia y qué solución se va a dar a este caso en particular.
Corporación Nacional de Electricidad CNEL: Se solicitó que se informe por qué la empresa pública procede al cobro de los valores de consumo de energía eléctrica considerando una tabla específica por cada electrodoméstico y no al consumo general y que adicionalmente explique como es posible que si en el sector rural se quedan sin el servicio de energía electríca por tiempos prolongados, los usuarios paguen valores altos por un servicio no recibido.
Superintendencia de Bancos: Se solicitó que se proporcione la certificación de la calificación de riesgo de BanEcuador a la presente fecha e informe el por qué no consta en la página web de la Superintendencia de Bancos esta información.
Secretaría del Deporte: Se solicitó que informe las razones de orden jurídico y técnico para proceder con la disolución y liquidación de la Asociación Provincial de Judo del Guayas; el expediente de disolución sobre la situación jurídica, administrativa y deportiva de la de matriz provincial y que explique por qué si la asociación tiene resultados favorables que se pueden observar en sus deportistas se toma la decisión de terminar con una entidad que está haciendo su trabajo.
Secretaría del Deporte: Se solicitó copias certificadas de las Resoluciones, acuerdos, directrices y lineamientos debidamente publicados en el Registro Oficial de toda su gestión; así como también copias certificadas de los expedientes con las Intervenciones a los organismos deportivos, efectuadas en su gestión, en donde conste el expediente de proceso de intervención y sus descargos por parte de los representantes de los organismos deportivos intervenidos e informe final de subsanación de la causal por la que fue intervenida previó a las nuevas elecciones.
BanEcuador: Se solicitó al Presidente del Directorio de BanEcuador que indique la modalidad de contratación laboral con la cual estaba vinculada la ex servidora Cristina Pila Yanchapaxi; que proporcione copia certificada del expediente con el cual se da por terminada las funciones de la Ingeniera Cristina Pila Yanchapaxi y su correspondiente sumario administrativo, si es el caso; y, se le preguntó por qué si la ex servidora procedió a informar irregularidades que podían ocasionar daños a BanEcuador, tal como lo dispone el artículo 22, letra g) de la Ley Orgánica de Servicio Público, se la separó de su cargo.
Ministro de Agricultura: Se solicito que se informe por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería con respecto a los compromisos asumidos y cumplimiento de los mismos en la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en especial lo relacionado con la publicación del listado de precios de los agroquímicos, con el objeto de que los productores tomen en cuenta sus costos y determinar su utilidad real.
Contralor General del Estado: Se solicitó que indique si el pedido de examen especial realizado en el año 2017, ya fue incluido en la correspondiente acción de control al ex Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y si ya fue incluido, sírvase indicar en qué estado está el proceso de examen especial y si el mismo ya ha finalizado y tiene el correspondiente informe con sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Ministerio de Agricultura y Ganadería: Se solicitó información detallada sobre la situación actual de los cañicultores en virtud del Acuerdo Ministerial 131 que se expidió, y en qué medida se afecta a los intereses de los productores de este sector por el cambio de reglas. Se preguntó por qué se ha procedido a modificar las condiciones de pago repentinamente y de forma tan favorable para los industriales en desmedro de los cañicultores y por qué ya no se utiliza el sistema indexado de fijación de precio para la caña de azúcar, por el cuál se determinaba el precio mínimo de sustentación de la tonelada métrica de la caña de azúcar en pie.
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales: Se preguntó sobre los controles realiza a las sociedades de gestión colectiva y con qué periodicidad, particularmente el caso de SAYCE, se preguntó cuál fue el último control realizado por la entidad y si se han presentado denuncias por irregularidades en el cobro de las tasas que son de competencia de SAYCE.
Ministro de Economía y Finanzas: Se solicitó que se ndique desde qué fecha está vigente la Resolución No. 496-2019-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, desde cuándo y en qué montos se han colocados créditos para el sector productivo agrícola y ganadero con una tasa de interés máxima de 8,53%, de conformidad con lo resuelto en la mencionada resolución. También se pregunto que se indique qué montos ha colocado la banca pública y qué montos la banca privada de créditos para el sector productivo agrícola y ganadero con una tasa de interés máxima de 8,53%, y a través de qué instituciones financieras se ha colocado créditos para el sector productivo agrícola y ganadero con una tasa de interés máxima de 8,53%.
Ministerio de Educación: Se solicitó que se informe cuál es el estado de ejecución de la obra correspondiente a la Escuela del Milenio Las Palmas del cantón El Triunfo, cuándo se tiene planificado culminar con el estado de la mencionada obra y para cuándo está prevista su inauguración; y que se informe cómo se piensa suplir la atención del Ministerio que usted dirige una vez que los distritos y zonales sean suprimidas, para atender de forma eficiente a la población del cantón El Triunfo.
Ministerio de Educación: Se preguntó qué acciones tomó la cartera de Estado como consecuencia del derrame químico que afectó a 20 estudiantes de la Unidad Educativa de Salitre, desde el ámbito de sus competencias, la coordinación que realizó con el Ministerio de Salud Pública para afrontar esta emergencia; acciones conjuntas con otros entes públicos, como por ejemplo el GAD Municipal de Salitre y qué acciones se tomaron o se van a tomar para implementar políticas, protocolos o mecanismos que eviten el paso de este tipo de vehículos en zonas escolares y en horas en las que los estudiantes están realizando sus respectivas actividades escolares.
Ministerio de Salud Pública: Se preguntó qué acciones tomó la cartera de Estado como consecuencia del derrame químico que afectó a 20 estudiantes de la Unidad Educativa de Salitre, desde el ámbito de sus competencias, la coordinación que realizó con el Ministerio de Educación para afrontar esta emergencia; acciones conjuntas con otros entes públicos, como por ejemplo el GAD Municipal de Salitre y qué acciones se tomaron o se van a tomar para implementar políticas, protocolos o mecanismos que eviten el paso de este tipo de vehículos en zonas escolares y en horas en las que los estudiantes están realizando sus respectivas actividades escolares.
Superintendencia de Bancos: Se preguntó a la Superintendencia por qué se demoró tanto tiempo para reaccionar ante la crítica situación que por la que pasó el Banco del Pichincha y que afectó a sus clientes de forma grave; si el Ministro de Economía y Finanzas tiene la competencia legal para contactarse con una entidad del sistema financiero nacional y pedir explicaciones a las mismas; sobre la situación financiera del Banco del Pichincha y si ya se habría superado el problema con su hardware que afectó su sistema y el desempeño de operaciones y atención a sus clientes; acerca de los resultados de los operativos de supervisión y monitoreo que públicamente la Superintendencia de Bancos anunció el miércoles 14 de agosto de 2019; y, si la Superintendencia procedió a solicitar correctivos a Banco del Pichincha, así como si se han impuesto sanciones por lo ocurrido a esta entidad financiera.
Ministerio del Ambiente: Se preguntó cuáles son las causas que originan la contaminación orodífera en el cantón Milagro; los controles que se han realizado en las industrias de balanceados señaladas por el alcalde; las acciones que se han tomado para corregir estos problemas ambientales por parte de la cartera que Usted dirige; y, las sanciones que se han impuesto a las industrias que son causantes de la contaminación.
Contraloría General del Estado: Se solicitó documentación relacionada al proceso de auditoria mediante examen especial de la Agencia de Regulación y Control de las Telecumunicaciones, ARCOTEL.
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Se solicitó documentación relacionada con la legitimación de la permanencia como titular de la Contraloría General del Estado.
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Se solicitó documentación relacionada con la titulación académica del Contralor General del Estado.
Consejo Nacional de la Judicatura: Documentación relacionada con procesos judiciales relacionados con usurpación de funciones.
Registro Oficial: Se solicitó los registros oficiales relacionados con la subrogación de funciones del Contralor General del Estado.
Secretaría General Asamblea Nacional: Se solicitó resolución del Pleno de la Asamblea Nacional en la cual se cesó y censuró en funciones al ex Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni.
Ministerio de Educación: Se pidió que dé una respuesta y solución ciudadana Elsye Ortega Granizo con cédula de ciudadanía 0601098262, quien manifiesta que a pesar de estar jubilada desde el año 2016, aún no ha recibido el incentivo jubilar por parte del Ministerio de Educación.
BanEcuador: Se solicitó que se indiquen los cuerpos normativos que deben ser reformados con el objeto de que la figura de la hipoteca acuícola sea plenamente operativa, incluidos el Código Civil y Código de Comercio y otros que consideren sea necesario, desde los ámbitos técnico y financiero, tomando en cuenta la práctica y experiencias que tiene la institución financiera pública que Usted administra en el campo crediticio.
Corporación Financiera Nacional: Se solicitó que se indiquen los cuerpos normativos que deben ser reformados con el objeto de que la figura de la hipoteca acuícola sea plenamente operativa, incluidos el Código Civil y Código de Comercio y otros que consideren sea necesario, desde los ámbitos técnico y financiero, tomando en cuenta la práctica y experiencias que tiene la institución financiera pública que Usted administra en el campo crediticio.
5.- Visitas a Territorio
Es importante destacar que realicé visitas a territorio con el objeto de escuchar las necesidades de la ciudadanía por una parte, pero también hice la socialización de los proyectos de Ley de mi iniciativa, con el objeto de recibir aportes y observaciones por parte de los sectores que se verían afectados por dichas leyes.
Dentro de las visitas que realizó la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Pesquero, se hicieron dos sesiones en mi provincia, la primera en en Cantón Naranjito y la segunda en el Cantón Naranjal.
En el primer cantón la Comisión de Soberanía Alimentaria cumpliendo con el cronograma de sesiones itinerantes trabajó, asistí el 5 de abril para recibir en sendas comisiones generales a los agricultores vinculados con la siembra del banano, plátano, orito y otras musaceas. Por su parte la Gerente General de la UNA EP, María Eugenia Martínez, participa en importante diálogo sobre el Proyecto de Ley de Fomento Productivo.
En la cabecera parroquial de Santa Rosa de Flandes, del Cantón naranjal, el día viernes 27 de septiembre del 2019, se realizó un diálogo ciudadano sobre la “Ley de Pesca” que se está tramitando en la Asamblea Nacional. Esta reunión se la realizó en la Sede de la Asociación de Cangrejeros 25 de Julio, con la presencia de los presidentes y representantes de las cinco provincias que conforman la franja costera ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, incluido el representante de la provincia de los Ríos.
Para esta reunión se contó con mi presencia, puesto llevo trabajando en territorio por el bienestar de las Redes, Asociaciones y Cooperativas del Sector Pesquero Artesanal, quienes enfrentan nuevos desafíos con una Ley que no le sirve al pescador artesanal.
La anfitriona de esta reunión fue Germania Romero Ponguillo, Directora Cantonal de la Revolución Ciudadana, quien dio la bienvenidas a todos presidentes y delgados de cada una de las provincias.
6.- Participación en el XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo. Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los Pueblos: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!
El Foro Sao Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos fundado por el partido de los Trabajadores de Brasil en Sao Paulo en 1990.
El Foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partido y movimientos de izquierda, para debatir sobre los escenarios internacionales y consecuencias del Neo-liberalismo en los paises de Latinoamericana y el Caribe.
Los objetivos del evento fueron:
a) Llevar a cabo el XXV encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas – Venezuela.
b) Realizar grupos de trabajo para definir la Comisión de Resolución y de la Declaración Final.
c) Definir creación de una red de comunicadores asociados a este foro político con la intención de consolidar una línea comunicacional contrahegemónica.
d) Debatir sobre la Democracia, Paz y Soberanía de los pueblos Latinoamericanos.
Entre los temas que se trataron en este evento puedo mencionar los siguientes:
Diálogo del Foro de Sao Paulo con las Plataformas, Articulaciones y Redes del Movimiento Social y Popular, en su segunda edición.
Reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo (GT-FSP) con el Partido de la Izquierda Europea (PIE), con temas definidos por la Comisión FSP-PIE.
Encuentro de Centros de Estudios y Escuelas de Formación Política.
Coloquio: “Presente y Futuro del Proceso Social del Trabajo”.
Seminario: “Experiencias y Perspectivas de los Gobiernos Progresistas de América Latina y el Caribe”.
Taller: Exposición conceptual y debate colectivo sobre las actividades y planes de la Comisión de Comunicación Social del FSP.
Mesa Redonda “La Lucha del Pueblo Venezolano por la Democracia, la Paz y la Soberanía Nacional”.
Entre las principales resoluciones del evento, menciono las siguientes:
a) Se acordó un plan de acción que muestre unidad.
b) Se aprobaron resoluciones y estrechamos lazos de solidaridad con los pueblos que luchan en todo el mundo.
c) Solidarizamos por la lucha del pueblo Palestino, por su determinación, por la paz.
d) Aprobación de la Declaración Final en apoyo a todos los países progresistas.
e) Respaldar al pueblo Hondureño por su persistente y valiente lucha en defensa de sus derechos.
f) Fortalecer como instancia de concentración de esfuerzos, cooperación y solidaridad mutua entre nuestros partidos y movimientos sociales.
Los objetivos generales:
a) Participar en el XXV Foro de Sao Paulo.
b) Participar en todas las reuniones de Foro.
c) Intercambiar ideas entre los diferentes temas a tratar.
d) Analizar las acciones tomadas en cada tema.
Los compromisos fueron:
a) Se trabajará en la medida de lo posible para tener reuniones bilaterales periódicas con varios países latinoamericanos.
b) Se realizará una permanente revisión respecto a las mejoras regulatorias en la región.
c) Generar espacio de intercambio entre los países latinoamericanos.
d) Coadyuvar los lazos de amistad y solidaridad entre los dos países.
Asambleísta por la provincia de Guayas | Integrante de la Comisión De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero |
