Les comparto lo que vivimos en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, durante la última sesión de la Comisión, la N.° 091-2023-2025. El motivo de esta reunión fue revisar la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en un momento especialmente delicado por la fuerte temporada invernal que golpea a nuestro país.
Fue muy frustrante comprobar la ausencia, por segunda ocasión, del ministro de Economía y Finanzas. Lo habíamos convocado formalmente para que explicara la situación real de las asignaciones pendientes y, sin embargo, volvió a faltar a la cita. Esta inasistencia no solo faltó a su compromiso con la Comisión, sino también con cada ciudadana y ciudadano que hoy exige transparencia y respuestas claras.
A lo largo de la sesión, escuché testimonios muy preocupantes de prefectas, prefectos, alcaldes, alcaldesas, vicealcaldesas, presidentes de juntas parroquiales y representantes de federaciones de trabajadores. Explicaron con detalle cómo la falta de pagos se traduce en obras detenidas, en el atraso de sueldos y en la imposibilidad de brindar servicios básicos a la población. Nos confirmaron que hay atrasos millonarios, más de 600 millones de dólares según las asociaciones de GAD, que impiden enfrentar la emergencia invernal con la celeridad que exige la situación.
Ha sido muy duro constatar que, mientras algunos GAD han recibido pagos parciales o han tenido que aceptar bonos de deuda pública, otros no han visto un solo dólar desde hace meses. Esta realidad afecta especialmente a zonas que hoy se encuentran aisladas por inundaciones, derrumbes o deslizamientos. Durante la sesión se mencionaron ejemplos de Manabí, Guayas y otras provincias costeras, donde el agua se ha llevado caminos y cultivos, afectando a familias que lo han perdido todo. En la Sierra y Amazonía, la situación no es menos preocupante, pues hay derrumbes que bloquean vías y arriesgan la vida de las comunidades.
Luego de escuchar con atención todos estos testimonios, la Comisión resolvió que la reiterada inasistencia del ministro constituye una causal de posible incumplimiento de funciones, por lo que remitiremos nuestro informe al Pleno de la Asamblea Nacional, solicitando que se inicie un proceso de juicio político. Es una medida seria, que no se toma a la ligera, pero estamos convencidas y convencidos de que el país requiere una respuesta responsable e inmediata.
No pedimos un favor ni exigimos privilegios, solo que se cumpla con lo establecido en la Constitución y en el COOTAD. Las transferencias no son una dádiva, sino un derecho que asegura la autonomía de los gobiernos seccionales y, en última instancia, la atención oportuna a la ciudadanía.
Quiero agradecer a todas las autoridades y representantes que nos acompañaron en esta sesión y ratificar mi compromiso de seguir impulsando la fiscalización necesaria para que se hagan efectivas las transferencias y recursos que por ley corresponden a los GAD. Nuestro trabajo continuará, porque no podemos permitir que las graves condiciones generadas por la temporada invernal se vean agravadas por la falta de voluntad política o de transparencia en el manejo de las finanzas públicas.
Confiemos en que, trabajando juntas y juntos, podamos asegurar los recursos indispensables para enfrentar esta emergencia y proteger a nuestras comunidades. Les mantendré informados y espero que este mensaje les transmita el compromiso firme que tengo como presidenta de la Comisión de velar por el bienestar de todo el territorio nacional.
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
