En nuestro encuentro reciente con representantes de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria de Guayaquil, abordamos una cuestión de vital importancia para el tejido económico y social de nuestra nación. La reunión arrojó luz sobre un desafío significativo que enfrenta este sector: una medida cautelar que ha bloqueado uno de los principales mecanismos de contratación pública. Este obstáculo no solo amenaza la operatividad de las ferias inclusivas, sino que también pone en riesgo una de las conexiones fundamentales entre la Economía Popular y Solidaria y el Estado.
La Economía Popular y Solidaria representa un pilar esencial de nuestro país, fomentando no solo la inclusión económica, sino también promoviendo prácticas de comercio justo y sostenible. Las ferias inclusivas han sido una vía para que los pequeños productores y cooperativas accedan al mercado y a oportunidades de contratación con el Estado, asegurando así un flujo constante que beneficia tanto a la economía local como a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la medida cautelar actualmente en vigor amenaza con cortar esta conexión vital, poniendo en peligro no solo la sostenibilidad de estos emprendimientos, sino también la de las familias y comunidades que dependen de ellos. En nuestra reunión, discutimos las implicaciones de este bloqueo y los pasos necesarios para abogar por una solución justa y oportuna que proteja los intereses de este sector.
Como asambleísta por Guayas y defensora de la Economía Popular y Solidaria, me comprometo a vigilar de cerca esta situación y a trabajar para asegurar que los derechos y necesidades de este sector sean atendidos. Es imperativo que busquemos soluciones que no solo levanten esta medida cautelar, sino que también promuevan un entorno más inclusivo y equitativo para la contratación pública.
En este momento crítico, reitero mi compromiso con la defensa de la Economía Popular y Solidaria y con la búsqueda de soluciones que aseguren su participación activa y su crecimiento dentro del marco económico nacional. Estaremos vigilantes y activos, trabajando de la mano con todas las partes interesadas para superar este desafío y seguir adelante hacia un futuro más inclusivo y próspero para todos y todas.
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
