En una reciente entrevista en el programa "Primera Plana" con Fabricio Vela, tuve la oportunidad de compartir mi perspectiva sobre dos temas críticos que han ocupado la agenda legislativa: el caso Olón y el inminente juicio político contra la fiscal general del Estado. Estos asuntos no solo reflejan la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública, sino que también evidencian las graves fallas en la institucionalidad de nuestro país.
El caso Olón, que ha generado una gran controversia, es un ejemplo claro de cómo la influencia indebida y la falta de controles pueden poner en riesgo nuestros recursos naturales y los derechos de las comunidades. La Comisión de Gobiernos Autónomos, que tengo el honor de presidir, ha trabajado arduamente para destapar las irregularidades que rodean a este caso, desde la falta de permisos ambientales hasta la inacción de las autoridades competentes.
Lo más preocupante es la aparente complicidad de altos funcionarios del gobierno, quienes, en lugar de proteger los intereses del pueblo, han favorecido a empresas privadas vinculadas a figuras de poder. Este tipo de acciones no solo traicionan la confianza de la ciudadanía, sino que también socavan la institucionalidad del país.
Durante la entrevista, también abordé la cuestión del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. A pesar de las múltiples denuncias de ineficiencia y omisiones en su gestión, incluyendo su manejo de casos emblemáticos como el de León de Troya y el caso Encuentro, hemos visto cómo ciertos sectores políticos han maniobrado para evitar que este proceso avance. Es evidente que existen fuerzas que prefieren mantener el statu quo, incluso cuando esto significa mantener en sus puestos a funcionarios que no están cumpliendo con su deber.
La lucha por una institucionalidad fuerte y justa no es fácil, y requiere del compromiso de todos los sectores de la sociedad. En la Asamblea Nacional, nuestra tarea es fiscalizar y garantizar que los servidores públicos actúen con integridad y en beneficio del país. No podemos permitir que la corrupción y la impunidad sigan imperando en nuestras instituciones.
El camino hacia una verdadera justicia es largo, pero estoy convencida de que, con la presión y el apoyo de la ciudadanía, podemos lograr un cambio real. No se trata solo de remover a los malos elementos, sino de construir un Estado que verdaderamente sirva a su gente, protegiendo sus derechos y asegurando su bienestar.
Agradezco a todos los que nos acompañan en esta lucha y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando incansablemente por un Ecuador más justo, equitativo y transparente. La esperanza de un mejor futuro depende de nuestra capacidad para enfrentar estos desafíos con valentía y determinación.
¡No descansaremos hasta que la justicia prevalezca!
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
