Hoy, en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), hemos avanzado en una de nuestras tareas más cruciales: la fiscalización del cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Esta ley es vital para garantizar que los recursos destinados a la Amazonía se utilicen de manera efectiva y transparente, asegurando el desarrollo sostenible de esta región estratégica para el país.
Durante la sesión, recibimos la comparecencia de funcionarios clave del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTA) y el Ministerio de Finanzas. Estas instituciones entregaron la información requerida sobre la recaudación de regalías mineras, utilidades de empresas mineras y de electricidad, y el cumplimiento general de la Ley Especial Amazónica.
El asambleísta Héctor Valladarez, quien ha liderado este proceso de fiscalización, solicitó detalles específicos sobre los ingresos generados por regalías mineras y la distribución de estos fondos. Por su parte, el legislador Eustaquio Tuala también expresó preocupación sobre la transparencia en la recaudación de regalías de las empresas generadoras de electricidad, un tema crucial para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades amazónicas.
Una inquietud particular fue planteada por la asambleísta Fabiola Sanmartín, quien pidió información sobre los impuestos y regalías relacionados con los proyectos mineros Fruta del Norte y Mirador en Zamora Chinchipe, así como sobre la obligatoriedad del cambio de domicilio tributario de las empresas dentro de la circunscripción territorial especial amazónica. Este aspecto es esencial para asegurar que los beneficios económicos se queden en la región.
Los delegados del SRI, Blanca Sotomayor y Mauricio Coronado, indicaron que las regalías mineras recaudadas entre 2019 y 2023 suman alrededor de USD 180 millones. Sin embargo, ante las preguntas de los legisladores Valladarez y Tuala, el SRI se comprometió a proporcionar un informe ampliado por escrito. Gustavo Piedra, secretario Técnico de la CTA, destacó que los ingresos para el Fondo Común desde 2019 ascienden a USD 364 millones, distribuidos en 250 proyectos por un valor total de USD 350 millones. Además, el Fondo de Desarrollo Sostenible ha acumulado USD 1,554 millones desde 2018, lo que demuestra la magnitud de los recursos en juego.
Finalmente, Jorge Villarroel, representante del Ministerio de Finanzas, abordó el proceso de conciliación de valores adeudados desde 2018 hasta 2023, destacando la influencia de la fluctuación del precio del barril de petróleo en estos montos.
Este proceso de fiscalización es esencial para garantizar que los recursos destinados a la Amazonía sean administrados de manera eficiente y que realmente se traduzcan en mejoras para la vida de sus habitantes. Seguiremos vigilantes, asegurando que cada centavo destinado a esta región cumpla con su propósito de promover un desarrollo equitativo y sostenible.
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
