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Por unanimidad de los asambleístas presentes (10), la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley urgente para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que prevé la transferencia de activos para darles un uso productivo, el pago a los depositantes no vinculados perjudicados; y, la reestructuración de deudas de la cartera no vinculada, en condiciones justas y viables.
Subrayó que se acogieron varias de las observaciones que se propusieron en el proceso de socialización del proyecto económico urgente, las cuales son, en su mayoría, de forma. Aclaró que en el informe que se entregará a Secretaría General existen temas pendientes que serán expuestos en el Pleno, durante el primer debate.
Aseguró que se busca dar mayor precisión a la ley, es decir, dejar claramente estipulado que esta figura beneficia únicamente a los deudores no vinculados con la banca cerrada; determinar que el pago del dinero que se devolverá a los perjudicados se lo hará en efectivo, por cuanto así lo han señalado las autoridades que comparecieron a esta Comisión; y, puntualizar una serie de normas relacionadas con la parte del patrimonio de los bancos cerrados que se utilizará en determinados pagos.
En el documento se incorpora a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos como un organismo que debe recibir la información relacionada, sobre todo, con los deudores de buena fe que reestructuran sus deudas, para que puedan acceder, ahora sí, con una información totalmente limpia de este historial crediticio a nuevas oportunidades. Se acogen, además, las sugerencias de la Defensoría del Pueblo del Guayas, en el sentido que el Estado tiene la obligación de cesar la vulneración de derechos y se otorgar garantías de no repetición de estos hechos.
Al referirse al pedido de los deudores de buena fe que solicitaban la ampliación del plazo a 10 años y una tasa del 0% de interés, Cassinelli explicó que, una vez conocido que el monto de esta deuda supera los dos mil 700 millones de dólares y que con esta ley se baja a 900 millones de capital, ya existe un aporte importante en el proyecto, cuando se hace una reliquidación del 5% y a un plazo de cinco años. “No se acogió el pedido del grupo de deudores porque técnicamente no se encuentran los argumentos”, enfatizó.
“No hay que olvidar que la contraparte de los deudores de buena fe son los acreedores de buena fe, a quienes también hay que honrar sus acreencias mediante el cobro de la cartera de crédito”, añadió.
