Boletín de prensa
Quito,1 de agosto del 2014
ASAMBLEÍSTA FRANCO ROMERO LOAYZA PIDIÓ ARCHIVAR EL PROYECTO QUE BUSCA ENTREGAR AL BIESS LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CESANTÍA PRIVADOS.
El asambleísta de la provincia de El Oro, Franco Romero Loayza, planteó el archivo del proyecto que reforma a las leyes de Seguridad Social y del Banco del IESS, por estar plagado de contradicciones y absurdos jurídicos, que lo convierten en inconstitucional, confiscatorio y discriminatorio
Romero Loayza recordó que la libertad de asociación en nuestro país, hasta hace poco tiempo, constituía un derecho incontrovertible e inalienable, y que está amparado en la Constitución de la República en el numeral 13 del artículo 66.
Alertó que la bancada oficialista, con este proyecto absurdo, pretende concentrar en el Banco del IESS un monto que sobrepasa los 930 millones de dólares provenientes de 64 fondos previsionales que son el fruto de los aportes personales e individuales de miles de trabajadores y funcionarios ecuatorianos que ahorraron a lo largo de los años con el propósito de mejorar sus condiciones de vida cuando se produzca su retiro por jubilación o cesación de labores.
Reveló que el 19 de septiembre del 2005, el propio Seguro Social, reconoció mediante oficio No. 110000-1235, que el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional es privado; así como, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el 16 de septiembre del 2004, mediante resolución No. SBS-2004-0740, señaló que “… se debe indicar que tanto los seguros adicionales como los fondos complementarios constituyen un ahorro voluntario cuyo dueño exclusivo es el afiliado aportante, y en ese sentido son los afiliados quienes deben decidir cómo y quién debe administrar su ahorro, de acuerdo con la Ley”. A confesión de parte, relevo de prueba, enfatizó el asambleísta.
Para el legislador Franco Romero Loayza, el proyecto de Ley se contrapone a los derechos constitucionales, porque los fondos de cesantía son patrimonio personal de los contribuyentes, por lo tanto, se está violentando el derecho individual que tienen sus legítimos dueños.
Todos estos derechos están contemplados en el artículo 11 en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que tienen relación a la obligación del Estado de respetar y hacer respetar los derechos contemplados en la Constitución, así como ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, explicó.
Además resaltó que en el trámite del proyecto se violentó el numeral dos del artículo 137 de la Constitución que otorga a las ciudadanas y ciudadanos afectados a ser escuchados ante la comisión respectiva para exponer sus argumentos.
El Parlamentario también fundamentó su defensa a los derechos de los trabajadores y servidores públicos en lo que determina el artículo 323 de la Constitución que prohíbe toda forma de confiscación. Así mismo, el artículo 372 de la Constitución que prohíbe a toda institución del Estado intervenir o disponer de los fondos y reservas del seguro universal obligatorio, lo cuales serán propios y distintos a los del fisco.
Igualmente, el legislador de la provincia de El Oro, señaló que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, al aprobar el informe, violentó el procedimiento del inciso segundo del Art. 54 de la LOFL, donde se determina que “… que los involucrados deben participar en el debate”, lo cual no se cumplió por la premura que tuvo la Comisión, en el trámite, lo cual resulta inaceptable, antidemocrático y antijurídico.
Por todas estas razones, el asambleísta Franco Romero, planteó al Pleno de la Asamblea Nacional archivar el Proyecto, conforme lo prevé el Art. 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Redacción de prensa
Asambleísta por la provincia de El Oro | Presidente (e) de la Comisión Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control |
