Verónica Rodríguez, parte de la Comisión de Régimen Económico, y Tributario y su Regulación y Control, presentó al Presidente de la comisión, Oswaldo Larriva, observaciones y comentarios al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería.
Son tres las observaciones que detalla el comunicado presentado a la comisión para su respectivo estudio y análisis. La primera de ellas es al art. 4 que reforma el art. 26 de la ley, este pretende la simplificación de trámites, puesto que en el art. 4 se requiere gestionar una declaración juramentada ante un juez de lo civil, ello implicaría mayor tiempo; teniendo el trámite efectuado ante un notario total validez jurídica.
Se sugiere complementar este requisito determinando una obligación de control EX POST para que la Agencia de Regulación y Control Minero, dentro de los 180 días de iniciada la actividad minera, la misma deberá verificar que no se hayan afectado a caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicación; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructuras eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural. Así se permitirá continuar sin mayor obstáculo con el trámite.
Por otra parte, Rodríguez especificó no estar de acuerdo con la inclusión efectuada por la comisión respecto de la autorización previa que debería emitir el Consejo Municipal, ya que ello podría constituir en un retardo para el trámite de la concesión minera; pues este tipo de contratos generan un alto empleo de recursos económicos. La Asambleísta, indica frente a lo expuesto, estar de acuerdo con el proyecto emitido por el ejecutivo en su totalidad, por que denota su impulso por garantizar prioritariamente el derecho al medio ambiente y el derecho al agua.
La segunda observación, es al art. 11 que reforma el art. 57, relativo a las sanciones a la actividad minera ilegal, en el que se sugiere revisar el cambio efectuado por la comisión al proyecto del Ejecutivo respecto de que la facultad que se entregaría al Fiscal encardo del caso para la determinación de destrucción de los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos, que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, toda vez que este acto implicaría una facultad jurisdiccional.
Además, la Constitución de la República, en el art. 195, otorga a la Fiscalía la función de dirigir investigaciones preprocesal y procesal penal; y, una vez que se haya hallado mérito, acusar a los presuntos infractores. Por tanto, la facultad de determinar la destrucción de los bienes utilizados en actividades ilegales corresponde únicamente al juez, quien es quien ejerce la facultad jurisdiccional en el Ecuador, es decir tiene la potestad exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Finalmente, la tercera observación es al art. 17 que reforma el segundo inciso del art. 93, este corresponde a la Regalía de Explotación de Minerales. Frente a esto la legisladora, expresó estar de acuerdo con la propuesta del ejecutivo, que las regalías recabadas de la explotación minera deben en primer lugar dirigirse al área donde se causó el impacto ambiental y comunitario; y no extenderse hacia regiones o provincias; puesto en la actividad minera por más que exista recuperación o remediación, genera impacto.
Esto lo reafirma la Constitución en los artículos 396 y 397 que determinan que la responsabilidad ambiental es objetiva, lo que implica la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas; adicionalmente el Estado deberá garantizar la salud y restauración del medio ambiente; en consecuencia, la afección primordial va a las personas o comunidades del lugar donde se explota, y difícilmente afectaría a la provincia o a una región.
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