ASAMBLEÍSTA OSWALDO LARRIVA RESPALDA ACCIÓN DE ETAPA E.P.
Quito 11 de noviembre de 2014
Durante el debate del proyecto de Ley de Telecomunicaciones que se realizó hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional, el Asambleísta provincial por el Azuay, Oswaldo Larriva expresó la necesidad de que la nueva ley ratifique la eficiente operación de ETAPA Empresa Pública, por la eficiente atención que brinda al área de su concesión.
El Asambleísta Larriva dijo que desde 1945, la Municipalidad de Cuenca ha venido prestando el servicio telefónico, el que se ha ampliado paulatinamente y diversificando conforme los avances tecnológicos, introduciendo la tecnología digital, el internet, el acceso inalámbrico y la televisión satelital, con activos fijos por más de cien millones de dólares, a través de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA E.P. Expresó que es importante que el Pleno de la Asamblea Nacional tenga conocimiento del desarrollo de ETAPA E.P. a través de los siguientes indicadores:
a) La penetración nacional de telefonía fija es del 15,18% de la población, mientras que ETAPA tiene una penetración del 28,26% en el área de su concesión.
b) La densidad nacional de internet fijo es del 6,80% de la población, mientras que ETAPA tiene una densidad de internet fijo del 11,48%.
Estas cifras demuestran que gracias a ETAPA, el área concesionada del Austro del país tiene una mayor cobertura de servicios, y este esfuerzo de la iniciativa cuencana no puede ser afectado por la nueva ley de telecomunicaciones, por lo que se pide al Pleno que haga justicia manteniendo la prestación del servicio en la misma empresa, toda vez que desde el año 2011 tiene la concesión similar a la que tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT.
El Asambleísta Oswaldo Larriva recalcó que la ciudad de Cuenca y la Provincia del Azuay aspira que la Comisión incluya en el informe para segundo debate, una norma que asegure la continuidad operativa de ETAPA, al amparo de la norma constitucional que prescribe el ejercicio concurrente en la prestación de servicios públicos entre los distintos niveles de Gobierno, criterio que fue respaldado por la legislatura.
