Ciudadanos de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza se dieron cita este miércoles 9 de septiembre, en el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), para formar parte del quinto Diálogo Territorial por la Equidad y la Justicia Social coordinado por la Asamblea Nacional y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
Al encuentro asistieron cerca de 800 personas de diversos sectores y representantes de decenas de organizaciones sociales de las cuatro provincias que conforman la zona 3. El evento arrancó con la bienvenida de Pabel Muñoz, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo; y Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, quienes destacaron la vocación democrática de este tipo de encuentros y la importancia de la participación ciudadana para este gobierno.
Posteriormente los asistentes se congregaron en cada una de las 8 mesas temáticas con que contó este diálogo. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y asambleísta por la provincia de Chimborazo, participó en la mesa de seguridad ciudadana en donde expuso los principales avances legislativos y los retos en esta materia.
Andino señaló que desde la comisión que él preside se han impulsado varias de las leyes que se han convertido en un hito y han supuesto una enorme contribución en materia de seguridad. En ese sentido, destacó la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y del Código General de Procesos (COGEP) que, en su opinión, significan una transformación radical en la administración de justicia, pues modernizan el sistema, acaban con la dispersión normativa y ordenan y simplifican los procesos, lo cual reduce considerablemente los tiempos.
Luego de esta breve exposición, el legislador chimboracense escuchó todos los aportes que realizaron los ciudadanos presentes y contestó a las preguntas que le formularon sobre diversos temas. Entre las sugerencias ciudadanas se planteó reformas al COIP que favorezcan la posición frente a la justicia de las víctimas de delitos, también se pidió que se simplifiquen los procesos de violencia intrafamiliar y se sugirió que se trabaje con mayor vinculación entre las entidades del Estado y la academia. Además se solicitó que se legisle en algunos aspectos de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), en materia de seguridad, para que sus ordenanzas tengan mayor legitimidad.
Luego de un periodo de deliberación para determinar los acuerdos y disensos, las dos funciones del Estado se comprometieron a entregar hasta el 15 de septiembre los primeros resultados de esta sistematización para analizar la necesidad de ejecutar las propuestas viables.