Se sustenta en los principios de unidad, solidaridad, equidad territorial y participación ciudadana. Integra la normativa de todos los gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la dispersión jurídica. Por primera vez se reconoce en la ley las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, constituidas por razones de población, étnico culturales o de conservación ambiental.
