La Comisión de Soberanía Alimentaria consultó a representantes de organizaciones de pueblos, comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos de Pichincha sobre 18 artículos que contienen tres temas sustantivos relacionados con los derechos colectivos del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
No obstante, en este encuentro, que se realizó en el Palacio Legislativo, con la participación de unos 200 ciudadanos, también socializó el contenido del cuerpo legal y dio a conocer las principales propuestas que se han realizado durante la segunda fase de la consulta prelegislativa.
En cuanto al cuerpo legal, el presidente de la Comisión, Miguel Carvajal, explicó que según la iniciativa solo serán expropiados los territorios que superen las 25 hectáreas en la Sierra, 75 en la Costa y 100 en la Amazonía que no cumplan una función social y ambiental, tal como manda la Constitución del Ecuador. El objetivo es que las tierras que son aptas para la producción lo hagan, pero sin afectar el medio ambiente, para garantizar la soberanía alimentaria del país y el trabajo, enfatizó.
De acuerdo con el proyecto, las causales para la afectación de esas extensiones de tierras serán aquellas que son aptas para la producción agropecuaria, pero que están inexplotadas durante los últimos 18 meses consecutivos, la explotación de tierras que atenta contra los recursos naturales renovables y el ambiente y la concentración de tierra rural. También se prohibirá el latifundio, considerado como una propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada.
Carvajal expuso que será la Autoridad Agraria Nacional la que determine las condiciones de latifundio y concentración de tierras. Así mismo, informó que no podrán comprar o arrendar tierras rurales empresas públicas extranjeras y que las personas foráneas, que tengan residencia en el país por más de cinco años, solo podrán adquirir o arrendar áreas inferiores a 10 unidades productivas familiares.
La propuesta legislativa también determina la titulación de tierras rurales en todos los municipios del país, en la actualidad solo se lo puede realizar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba. De igual forma, prohíbe el avance de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles y amenazados y en las áreas que se encuentran sobre la cota de 3 mil 400 a 3 mil 700 metros sobre el nivel del mar, ubicados al norte y sobre los 2 mil 800 al sur, que corresponde a páramos.
Propuestas
Precisamente, entre las propuestas generadas desde las organizaciones Carvajal destacó la prohibición de ampliar la frontera agrícola en páramos, en las cuales, si ya se está produciendo sobre esa cota, debe mantenerse con un plan de manejo formulado entre los comuneros y los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
Manifestó que también se ha incitado a formalizar los derechos de uso y usufructo de la familia del comunero en tierra comunitaria, para acceder a crédito para vivienda rural y crédito productivo, mientras que en la agricultura familiar las organizaciones han planteado que debe incluirse a la agricultura de las familias de comuneros y comunidades, pueblos y nacionalidades.
Otra de las propuestas tiene que ver con que en la Amazonía la extensión del predio de agricultura familiar que no puede ser afectado sea de 100 hectáreas y que los gobiernos autónomos descentralizados municipales se guíen por criterios técnicos y productivos de la Autoridad Agraria Nacional para fijar el lote mínimo rural, así como considerar la reincidencia en el incumplimiento de la función social y ambiental.
Fuente: Asamblea Nacional / LM/pv
Miguel Carvajal es sociólogo; es asambleísta Nacional por el Movimiento Alianza País y Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Fue ministro Coordinador de Seguridad; ministro y viceministro de Defensa; viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); entre otros cargos. En el Movimiento Alianza País, además de un militante activo ha sido miembro del Comité Ejecutivo y de la Dirección Nacional; actualmente es integrante de la Comisión de Ética.
