La Comisión de Fiscalización y Control Político, de la Asamblea Nacional, fijó su hoja de ruta para el nuevo período legislativo 2015-2017. Su presidenta María José Carrión hizo un llamado para que se fortalezca el rol fiscalizador de los asambleístas de forma individual y colectiva, a fin de responder las demandas ciudadanas y las obligaciones constitucionales.
Durante la reunión del organismo parlamentario recordó que en los últimos años ha existido un proceso de transformación del Estado, en el que se encuentra una mayor transparencia en el sector público. A pesar de ello, dijo, la comisión cumplirá sus funciones y atribuciones legales a cabalidad, en beneficio del pueblo ecuatoriano.
Como parte de ese plan organizativo se actualizará la información con las diferentes instituciones sobre los casos que se encuentran pendientes en la comisión, la misma que se la conocerá y socializará en un taller que se realizará en los próximos días.
Después de esa fase se elaborará una agenda de trabajo con los temas que serán solucionados por este organismo, de acuerdo con el grado de oportunidad y urgencia. “Este plan será abierto, en vista de que en el transcurso se presentarán nuevos temas ”, aclaró María José Carrion.
En ese mismo taller se conformarán subcomisiones, cuyo deber será ejecutar un seguimiento y cerrar los ciclos sobre las temáticas que se asignarán a cada una de ellas. Durante este encuentro también se especificarán los procedimientos, roles y competencias de los actores de fiscalización, así como los alcances y significados de sus funciones.
El supuesto caso de peculado del ex director de la Agencia Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, en la compra de chalecos y equipos de rastreo (GPS); las afirmaciones denunciadas por el general retirado Ramiro González en su libro “Testimonios de un Comandate”; las acciones tomadas por la Fiscalía sobre el informe de la Constraloría y el dictamen emitido por la ministra fiscal subrogane, Cecilia Armas, sobre el caso Chevron-Texaco; las acciones ejecutadas por la Fiscalía sobre la muerte de los Taromenanes, el plagio y rescate de menores de dicha comunidad; el supuesto caso de corrupción de Walter Poveda, ex ministro de Agricultura, sobre el caso “La Majadita”; el informe de la Contraloría sobre la adjudicación de contratos a Fabricio Correa; la posible acreencia que tendría el Estado ecuatoriano sobre algunos fondos de cesantía de las Fuerzas Armadas; las acciones realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana, son entre otros los temas que se encuentran pendientes en la Comisión de Fiscalización.
LMC/pv