Por resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Derechos Colectivos analizará tres proyectos de Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Uno presentado por un grupo de asambleístas encabezados por Marisol Peñafiel; otro de la legisladora Paola Pabón; y, otro remitido por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
El proyecto remitido por el Ejecutivo tiene como fin la creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad, a fin de promover la protección y garantía de los derechos de las personas, grupos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; propiciar la igualdad y garantizar la no discriminación en la diversidad intercultural para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural.
La propuesta fortalece la institucionalidad democrática del Estado, en armonía con los principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, sobre la base del principio de participación ciudadana como eje transversal de la Constitución y como una nueva forma de participación democrática directa.
En cambio, la propuesta de la legisladora Paola Pabón define los alcances del principio y el desarrollo del derecho de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Con el objeto de respetar, garantizar, promover y proteger el goce y ejercicio de los derechos humanos de mujeres y hombres y personas de diversa condición sexo-genérica, propone eliminar la discriminación a las mujeres y personas en desventaja por su identidad de género, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de su vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social, cultural y familiar para alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Mientras que la propuesta de la asambleísta Marisol Peñafiel y el grupo de parlamentarios reconoce que tanto el Estado como los actores privados deben adoptar acciones para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y que asuma la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones que generen discriminación contra las mujeres por la falta de la debida diligencia en la erradicación de la discriminación.
Por tanto, anotó, resulta imprescindible una ley que oriente la política nacional en materia de igualdad de mujeres y hombres, que establezca, fortalezca y regule las instituciones necesarias para hacer efectivo el derechos de las mujeres a la igualdad y no discriminación, y que asegure la participación activa de las mujeres diversas en la toma de decisiones, la planificación y el fortalecimiento de las políticas públicas al más alto nivel del Estado.
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
