Los hechos del 30 de septiembre de 2010 son hechos criminales tipificados en el Código Penal, además, son sumamente graves porque constituyeron un atentado contra la democracia, pero no solo eso, sino que la bala que mató a Froilán Jiménez iba dirigida al presidente de la República”. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, al informar a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que preside el asambleísta Gabriel Rivera, sobre los avances de las investigaciones de la citada revuelta policial.
Aseguró que, frente a la serie de delitos que se cometieron el 30 de septiembre, el objetivo de la Fiscalía es llegar a la verdad histórica de los hechos, sea cual fuere, porque el país merece conocer esa verdad. Por ello, no solo se profundizarán las investigaciones, con el apoyo de un equipo de civiles, sino que “vamos a trabajar sobre las desestimaciones y archivos que se han emitido contra algunos de los implicados, a fin de saber si éstas se apegan o no a derecho”.
Luego de explicar detalladamente la situación jurídica de cada una de las causas abiertas por la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, sean éstas por incitación a la rebelión; rebelión; atentado contra la Seguridad Interna del Estado; intento de magnicidio; sabotaje a servicios públicos; plagio al Presidente de la República; incitación a la destrucción de bienes públicos y privados; invasión de edificios instalaciones o terrenos, entre otros delitos tipificados en el Código Penal, en distintas judicaturas del país, subrayó que las investigaciones han estado llenas de dificultades y limitaciones. Así por ejemplo, la inadecuada tipificación de los delitos, sobre todo en los casos radicados en provincia.
El Fiscal enfatizó que solo con un mínimo análisis se desprende que esos hechos fueron producto de un concierto previo y que hubo una dirección estratégica que los investigadores no fueron capaces de determinar, ya que en un primer momento no se le proporcionó a la Fiscalía la información clasificada como reservada, pese a que -en reiteradas ocasiones- se solicitó el levantamiento de la condición de reserva.
Calificó como curioso que, pese a existir la obligación legal, establecida en el Código de Procedimiento Penal, de resguardar la escena del crimen, a las pocas horas de producidos los acontecimientos en los alrededores del Hospital de la Policía Nacional, la empresa de Aseo efectuó la limpieza del sector.
Hay otro hecho que es necesario esclarecer, según el fiscal Chiriboga, y se trata de la utilización de la Central de Radio Patrulla para incitar a la revuelta.
Llama la atención, igualmente, que de los policías sentenciados, la mayoría corresponde a efectivos de bajo rango, mientras que aquellos de las esferas jerárquicas más altas no tienen sentencia o, si la tienen, las penas impuestas son menores a las que se aplicaron a los de rangos inferiores.
El funcionario explicó que, al momento, de los implicados en estos hechos 111 personas están sometidas a indagación previa; 86 a instrucción fiscal; 53 con dictamen acusatorio y 13 en etapa intermedia.
Reiteró el compromiso de la Fiscalía de contribuir a que se descubra la verdad en este caso, que no solo puede ser reconocido como una protesta policial, sino como un acto que puso en riesgo la estabilidad democrática del país y que, por tanto, no puede quedar en la impunidad.
De su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Gabriel Rivera, tras escuchar el informe del Fiscal, Galo Chiriboga y los testimonios de varios ciudadanos que estuvieron en las calles el 30 de septiembre para defender la democracia, insistió que el objetivo del organismo es que se haga justicia, que se determine la verdad de los hechos ocurridos y que se sancione a los responsables, lo cual constituye una demanda nacional.
