Si una escuela niega la admisión a un niño con discapacidad podría no ser sancionada. Ese es uno de los riesgos que se corre si la Corte Constitucional (CC) falla a favor de una demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra de la Ley de Discapacidades.El pasado 16 de enero, la Defensoría presentó el recurso. Entonces, el expresidente de la Asamblea, Fernando Cordero, respondió. Sin embargo, la causa aún no ha sido resuelta y en el Legislativo se alistan más argumentos para defender la mencionada ley. Así lo informa la asambleísta María Cristina Kronfle (Madera de Guerrero) quien, según dijo, mantendrá reuniones con personal de la Dirección Jurídica para tratar el tema. La preocupación de la legisladora radica en que, la demanda interpuesta por la Defensoría, busca "echar abajo" ocho artículos. Y en ellos, precisamente, constan las sanciones y el procedimiento a seguir en contra de quienes atenten contra los derechos de las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, la Defensoría solicita se declare inconstitucional al artículo 116. Allí se establece que se impondrá una sanción pecuniaria de hasta 15 remuneraciones básicas a quienes cometan infracciones gravísimas. Entre esas constan: impedir el derecho a la educación, negar el acceso a los servicios de aseguramiento de salud o incumplir el porcentaje de inclusión laboral. La Defensoría argumenta, según consta en la demanda, que "no fue establecida como un órgano de justicia". Agrega que la Constitución la ubica dentro de la Función de Transparencia "constituyéndose propiamente en un órgano de control de la realización de los derechos humanos". En la respuesta que remitió el expresidente Cordero se hace referencia al artículo 35 de la Carta Magna. Este contempla que las personas con discapacidad "recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado". Además, agrega que las normas impugnadas se refieren a la posibilidad de presentar y sustanciar un reclamo administrativo "facultades y atribuciones que las tienen todas las instituciones públicas". Y lo mismo señala respecto a las sanciones. Según Kronfle, el pedido del defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, muestra que "la Defensoría no quiere cumplir con su trabajo". Y si la Corte le da la razón, "la Ley de Discapacidades quedaría como mero enunciado", concluye. GFS
Asambleísta electa por la Provincia del Guayas período 2013-2017 Es mi tercera elección consecutiva, gracias a mis electores que me siguen dando la oportunidad de apoyar con propuestas para mejorar su nivel..
