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En continuación de la sesión N.199, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a varias autoridades gubernamentales para conocer los alcances y beneficios al Proyecto de Ley en tratamiento, denominado Para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.
Los representantes del Banco Central, Diego Martínez, Presidente del Directorio y Mateo Villalba, Gerente General, señalaron que esta normativa busca ponerle fin al capítulo más nefasto en la historia contemporánea del Ecuador.
Mateo Villalba señaló que existen 19.910 bienes que asumió el Estado y que tendrán un destino productivo ya que permitirá hacer viable y justo el pago a las deudas no vinculadas, así como a los depositantes no vinculados que mantienen acreencias con la banca cerrada. “Se buscan deshacer los fideicomisos y otras figuras que no han permitido darles un uso productivo a esos bienes”.
Este proyecto beneficiará de forma especial a los deudores no vinculados, pues tendrán una oportunidad histórica para cancelar sus deudas, además que se les otorga una serie de beneficios como la extinción de la deuda en los casos que el deudor ya hubiere entregado los activos constituidos en garantía o hubieran sido embargados para el pago de la deuda. Adicionalmente se establece que serán excluidos y restablecidos de los registros de información crediticia; a la vez que se suspenden los procesos coactivos y los juicios de insolvencia o quiebra por 120 días, desde la expedición de la Ley y durante el plazo pactado para el pago de la deuda.
Respecto a la tasa de interés establecida para el pago de los deudores no vinculados, Villalba explicó que se tomó en cuenta la inflación, es decir, se estableció el principio de sacar la media para cubrir la línea en el tiempo.
En la exposición se resaltó que otros sectores beneficiados son aquellos acreedores no vinculados a la Banca Cerrada, pues establece el pago a depositantes, jubilaciones e indemnizaciones laborales, por tanto, los ciudadanos podrán recuperar sus ahorros y acreencias que consideraron perdidas, es así que en la normativa se determina que el Banco Central del Ecuador realizará el pago de las acreencias de personas naturales y jurídica, hasta por un monto de 75 mil dólares.
Felipe León de la Corporación Financiera Nacional, subrayó que el saldo de capital de la banca cerrada asciende aproximadamente a 200 millones de dólares, distribuidos aproximadamente a 800 clientes. Si sumamos la tasa de interés y el interés por mora alcanza los 300 millones de dólares, es decir, se duplica el capital como saldo que tiene esta entidad, es por ello que al tratarse en esta ley de una reducción de la tasa al 5%, el impacto va a ser bastante favorable para todos aquellos deudores que han demostrado esa buena voluntad para realizar los pagos tanto al Banco Central como a la CFN.
Patricio Rivera, Coordinador de la Política Económica, señaló el marco normativo propuesto por el Ejecutivo beneficiará a los perjudicados que por años venían luchando por pagar sus deudas y en otros casos para devolver las acreencias a otro grupo de personas que igualmente fueron afectados por la banca cerrada.
Los comisionados también escucharon a María José Fernández, quien leyó una resolución de la Defensoría del Pueblo, en la cual se determinó que si existió vulneración de derechos humanos.
