Los integrantes de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, recibieron a un grupo de personas perjudicadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coopera, que fue disuelta y liquidada por incumplir con lo que establece la correspondiente ley y su reglamento.
En este caso se detectaron presuntas irregularidades en el manejo económico, financiero y administrativo, como ajustes contables a fin de ocultar la verdadera situación de la organización durante los períodos 2010, 2011 y 2012; razón por la que la Fiscalía inició un proceso investigativo.
En la Comisión de Régimen Económico, José Montesinos, en representación de un grupo de 240 perjudicados señaló que el proceso de investigación ha sido lento, por lo que solicitó a los asambleístas intervengan para que exista celeridad en el trámite y se paguen las acreencias.
Los parlamentarios, también, recibieron la explicación de Pablo Ochoa, expresidente del Consejo de Vigilancia de Coopera, quien señaló que esta instancia en el 2009 alertó a los representantes del Consejo de Administración sobre las pérdidas económicas por alrededor del 4.15%. Es decir, se conocían circunstancias de iliquidez, sin embargo no se acogió sus recomendaciones, pues de los balances a diciembre del 2009 se estimaba una pérdida de 157 mil dólares.
Ochoa, recordó que, en ese entonces, había un reglamento dictado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que tenía falencias, puesto que consideraba al Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia como autónomos, lo que impedía una consolidación en el trabajo de la cooperativa.
Asimismo, los asambleístas recibieron una comunicación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sobre el proceso de liquidación de la Cooperativa Coopera. Aquí se precisa que esta instancia vigiló la reconstrucción de los estados financieros de la mencionada cooperativa, los mismos que fueron presentados ante la Fiscalía, que lleva adelante dos procesos, el uno por un presunto delito de peculado por mal manejo económico e irregularidades cometidas por los administradores de la cooperativa; y, el otro, por supuesto lavado de activos en contra de varios involucrados.
Además, señala que la oportuna gestión de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, permitió que durante las etapas de devolución que iniciaron el 1 de julio y concluyeron el 28 de diciembre de 2013, se asignen los recursos para el pago de 99,42% de los depositantes.
También se determina que de los recursos provenientes de la venta de los bienes muebles sumados alrededor de un millón 300 mil dólares provenientes de los acreedores que no se acercaron a cobrar en las fases 1 y 2, fueron utilizados para el pago de la tercera fase convocada el 11 de febrero del presente año. A esta fase que concluyó el 1 de abril han sido convocados 368 acreedores cuyos depósitos, al momento de la liquidación fueron de 30.001 hasta 62.500 dólares, mismos que podrán cobrar sus acreencias de la siguiente manera, de 30.001 a 40.000 el valor de 30.000; y, de 40.001 a 62.500 el 75% del valor de la acreencia.
Por último, el presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Oswaldo Larriva subrayó que este tema ha motivado una serie de reuniones al interior del organismo legislativo para escuchar a todos los sectores que están involucrados en esta problemática, por ello, indicó que en los próximos días invitará a los representantes de la Superintendencias de Economía Popular y Solidaria, así como a los encargados del proceso de liquidación.
Asambleísta reelecto por la Provincia de Morona Santiago, por el proyecto de la Revolución Ciudadana."Abogado con postgrado en Derecho Penal, Doctor en Jurisprudencia, Dirigente Estudiantil, Dirigente Universitario, Dirigente Gremial, hombre de teoría revolucionaria".
