La marcha del 19 de marzo evidencia que ciertos sectores de izquierda han perdido objetividad en sus reivindicaciones, por una parte se pide al ejecutivo un llamado a la reflexión frente a la movilización, como añorando que al estilo de los gobiernos anteriores, reguardados en un crucifijo, mientras llamaban a la calma continuaban con la implementación de cuantas medidas antipopulares les sean posibles.
Por otra parte, insisten en la confrontación y no en la argumentación, siendo, por momentos, la propia oposición la más interesada que exista una contramarcha. Los opiniones como las existe en PAIS, se deben respaldar con argumentos y no pretender que todo se reduzca a estar en contra o favor del Gobierno.
La oposición sostiene la necesidad de la derogatoria del decreto 16 porque se vulnera el derecho a la libre organización con claras pretensiones de acabar al movimiento social e indígena.
No se busca la disolución de las organizaciones sociales y ciudadanas. Al contrario busca fomentar la acción colectiva de la propia sociedad asegurando una participación ciudadana plena y democrática en los temas que son de importancia para el país.
El Decreto No. 16 estableció una base de datos unificada sobre las organizaciones sociales y ciudadanas que contarán con un acompañamiento desde las carteras de Estado relacionadas con su rama de acción, de forma que se vitalice la movilización ciudadana y se fortalezca el poder popular.
La importancia de este decreto radica en fortalecer procesos de asociatividad, generar redes de trabajo y lo más importante proponerse en el país como organizaciones visibles que generen espacios democráticos de participación para los distintos objetivos para los cuales fueron creadas.
Muchas de las ONG que hoy son detractoras del decreto 16 han obtenido recursos del extranjero de forma poco transparente, permitiendo que grupos de presión y de interés tomen el control de ciertos espacios de influencia.
Rechazan la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno en beneficio del agronegocio capitalista, y luchar por una nueva ley que sancione el latifundio y la concentración de la tierra, apoye a los campesinos que sostienen la soberanía alimentaria y realmente acabe con las inequidades que existen en el campo.
La Ley de Tierras tiene como principales fines:
-Hacer cumplir la función social y ambiental de la propiedad de la tierra rural
-Regular la posesión agraria de tierras rurales públicas
-Redistribuir las tierras públicas en favor del sector de la economía popular y solidaria, en especial organizaciones campesinas.
La ley reconoce los Derechos Colectivos al regular la legalización de tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio; y se establecen procedimientos y formas de resolver los conflictos.
La ley prohíbe la concentración de tierras rurales, en propiedad, arrendamiento o bajo cualquier otra forma contractual, a fin de evitar la especulación y el monopolio agropecuario o control de la comercialización y del mercado.
Ratificación del TLC-UE, que usando como instrumento el cambio de matriz productiva, que va a acabar con las economías campesinas, indígenas y populares, y pretende viabilizar la apropiación de los conocimientos y tecnologías ancestrales de los pueblos originarios, volviendo a la dependencia y la esclavitud.
No es un TLC es un Acuerdo Comercial, es decir que aplica solo sobre ciertos productos y con una limitación temporal definida. Este gobierno se ha preocupado por establecer límites para defender a nuestra industria y campesinado.
Se esperá que en el segundo semestre de 2016 la oferta exportable agrícola, agroindustrial y de los productos que resulten del cambio de matriz productiva, tendrán acceso inmediato y sin aranceles al mercado europeo.
El sector industrial, incluida la agroindustria, tendrán un acceso con cero aranceles al mercado europeo, lo cual les permitirá llegar a un mercado de más de 500 millones de personas. El Ecuador desgravará progresivamente los productos que ingresen desde la UE, en canastas que van desde la inmediata (para productos necesarios y que actualmente gozan de 0% arancel, como maquinaria, insumos y bienes de capital), 5, 7 y 10 años, dependiente de la sensibilidad de los mismos para los intereses del país.
Esto dinamizará el sector agroexportador ecuatoriano con la entrada al mercado Europeo. Es así que en el mercado agrícola, El Ecuador, ha establecido canastas de desgravación progresivas para el ingreso de productos desde la UE, que pueden llegar hasta 17 años para los productos más sensibles para el país.
El Gobierno nacional se reservó el derecho de establecer medidas que otorguen un tratamiento preferencial y diferenciado a los sectores que actúen y realicen actividades bajo la forma de organización económica popular y solidaria que incluye los sectores cooperativistas asociativos y comunitarios.
Denunciar el avance de la política de explotación petrolera y minera a gran escala en el país, que ha provocado la intensificación de los conflictos y la violencia en todo el territorio nacional, por lo cual expresamos nuestro enérgico rechazo y responsabilizamos al Gobierno por las consecuencias que genere ese proceso. En ese marco, rechazamos la falsa Consulta Previa que, utilizando la manipulación, pretende legitimar la concesión de los territorios en el centro sur amazónico, Intag y otras zonas en conflicto.
R. del Gobierno:
La política de explotación petrolera y minera es una política soberana ya que ha establecido un marco jurídico que pone claramente las competencias, tanto de las empresas grandes como de la pequeña minería, al mismo tiempo que protege la naturaleza al prohibir condiciones de explotación inadecuadas que perjudiquen el medio ambiente.
Por mucho tiempo la explotación de recursos naturales se dio en un contexto que poco favorecía tanto al país como a las comunidades locales en las que se la realizaba. Con el gobierno de la Revolución ciudadana se ha dado un trato soberano a los recursos naturales, se ha recuperado la renta petrolera y se han elevado los estándares tecnológicos y de calidad.
Exigir el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, para acabar con la tercerización, la inestabilidad laboral, y exigir la jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo sin límite de edad y defender el derecho a la organización. Por ello demandamos un código laboral plasmado por los trabajadores.
Las reformas tienen un carácter equitativo, ya que permiten poner techos a la distribución de utilidades y los salarios de los empresarios, logrando así una distribución y una remuneración más justa.
Sin duda, las reformas además apoyan el desarrollo sindical en su objetivo sustancial que es la defensa democrática de los derechos de los trabajadores, para lo cual se busca evitar que los mismos dirigentes de siempre que han restado esfuerzos al movimiento sindical se mantengan. Para ello es fundamental la democratización de la representación laboral en la elección de la directiva del Comité de Empresa.
Por primera vez en la historia del país se propone un acercamiento a la universalización de la seguridad social, afiliando a las trabajadoras remuneradas del hogar. Ellas forman parte de los 2 millones y medio de mujeres dedicadas a este oficio, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Aunque el índice de quienes trabajan exclusivamente en el hogar se redujo del 80% al 30%, las mujeres aún dedican 31 horas y 49 minutos al trabajo no remunerado en el hogar. Los hombres solo 9 horas.
Defender el Seguro Social Campesino y para los artistas, así como la autonomía e independencia del IESS, exigiendo que éste deje de ser caja chica del Gobierno puesto que es patrimonio de los trabajadores y trabajadoras.
El presidente Rafael Correa denunció públicamente que gran parte de las aportaciones de los campesinos van a parar al MPD, Pachacutik y CONAIE, quienes les cobran un valor mayor y con engaños, les aseguran que es un beneficio logrado por su gestión. El gobierno trabajará en un mecanismo que le permita voluntariamente a los campesinos realizar sus aportes directamente al IESS.
Las infraestructuras fueron totalmente reconstruidas dado que a la derecha tradicional no le interesaba el sector campesino.
A los grupos tradicionales que han gobernado el país no les ha importado el sector campesino. El hecho de que la pensión jubilar sea de $57 es un avance importante si consideramos que antes era de $ 3. El gobierno nacional se ha enfocado, sobre todo, en mejorar sustantivamente la jubilación de campesinos y pescadores. Entre las metas está que la jubilación de los campesinos sea, por lo menos, igual a la de los jubilados en el sector urbano.
Luchar contra las medidas gubernamentales que, golpeando el bolsillo de los sectores populares, pretende eliminar el subsidio al gas y al transporte, poniendo como pretexto la modernización con las cocinas de inducción.
Si bien se ha incrementado el impuesto a las cocinas de gas, se ha eliminado el impuesto al valor agregado (IVA) en la compra de cocinas de inducción, por lo cual el Estado ecuatoriano destinaria $ 150 millones de dólares para comparar 500 mil cocinas de inducción para ser entregadas al Quintil Uno del país que son los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. La entrega se llevará a cabo entre los meses de abril y mayo del 2015.
La utilización del gas licuado de petróleo genera dependencia nacional de un producto energético importado: Alrededor del 78% de este recurso viene del exterior, y genera una importante salida de divisas que afecta la balanza comercial del país.
El costo del tanque de 15 kilogramos de gas doméstico sin subsidio asciende a USD 22,27. Mientras que el Régimen estima que la población consumirá 80 kW-h más de energía al mes con las cocinas de inducción. Esto representa entre USD 7 y USD 8 en la planilla.
Rechazar la nueva estrategia nacional de planificación familiar, que ha mostrado la cara más conservadora de este gobierno, frente a lo cual manifestamos que es nuestro derecho la autodeterminación sobre nuestros cuerpos, la educación sexual y el vivir libres de violencia
La propuesta es de carácter educativo y no impositivo. Mucho menos se trata de una política pública de abstinencia. Lo que se pretende es que los adolescentes, hombres y mujeres, puedan tener mucha más información para que tomen decisiones libres, informadas y responsables.
Según la última encuesta demográfica y de salud materna e infantil (Endemain) del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), nueve de cada diez adolescentes en Ecuador dijeron que les gustaría haber recibido información sobre sexualidad en sus hogares. Además, cuatro de cada diez mujeres afirman que hubiesen querido postergar su embarazo.
Luchar por la defensa de la educación pública y plurinacional. Exigir que la rectoría política de la educación intercultural bilingüe, en un Estado plurinacional, sea asumida por los pueblos y nacionalidades y rechazar el cierre de más de 500 escuelas comunitarias. A su vez, exigir el libre ingreso a la educación superior sin distinción de clases, con respeto a la autonomía universitaria, reformando la LOES y el SNNA.
Desde la Constitución de Montecristi, se establece el carácter de un Estado diverso, que abarca múltiples nacionalidades y pueblos ancestrales con derechos de preexistencia. Esto se convierte en un adelanto para la política que reconoce la diversidad cultural y étnica del Ecuador.
En el sistema de educación superior del país, es donde más se visibiliza la inclusión de las comunidades indígenas, montubias y afroecuatorianas, ya que las becas y ayuda financiera para estos ciudadanos se han incrementado considerablemente.
Manifestar nuestra solidaridad activa con los luchadores criminalizados y compañeros trabajadores despedidos, víctimas de la política represiva del gobierno y los empresarios, y tomar el ejemplo combativo de los caídos en defensa de los derechos y el territorio, para inspirar este año de lucha y movilización.
Debemos puntualizar que a diferencia de los gobiernos de derecha y neoliberales en los cuales se perseguía y desaparecía a los luchadores sociales, este gobierno ha sido responsable en el manejo del conflicto social.
Debemos recordar que la protesta social es una dinámica política de algunas organizaciones. Sin embargo, algunos sectores de la dirigencia han utilizado a sus bases y el discurso sobre ciertas reivindicaciones para intentar generar procesos de desestabilización de la democracia. Procesos que paradójicamente aplauden sectores de la extrema derecha como Lasso y Nebot
Implementación de salvaguardas como “paquetazo” que afecta a los sectores populares
El objetivo de las salvaguardias es enfrentar tres graves problemas que podrían afectar la dolarización: bajo precio del petróleo, apreciación del dólar y socios comerciales que devalúan sus monedas.
Las salvaguardias no pretenden generar recursos a las arcas fiscales sino precautelar la estabilidad de la dolarización, equilibrando la balanza de lo que exporta e importa el país.
Las salvaguardias estimulan a los ecuatorianos a consumir productos nacionales; ponen en valor la producción nacional y el consumo de los productos ecuatorianos mantiene a la economía en movimiento.
La OMC permite salvaguardias si son temporales, si hay amenazas contra la producción nacional, y si su aplicación es no selectiva. El Ecuador cumple todas las condiciones.
No todos los productos importados tienen sobretasa. La medida se aplica a apenas un 32% de ellos y no se afectan productos de consumo diario, medicinas, repuestos o combustibles.
http://www.ecuadoradio.ec/component/content/article/9-noticias-ecuadoradio/4258-panel-salvaguardias-y-enmiendas.html
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
