El Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga; los ministros de Justicia, Ledy Zúñiga; de Cultura, Francisco Borja; y, el Director del Registro Civil, Jorge Oswaldo Troya comparecieron en el salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, en el marco del proceso de fiscalización que cumple la Función Legislativa.
Los funcionarios públicos fueron convocados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, quien explicó que las comparecencias se cumplieron en base a los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debido al incumplimiento, en los plazos establecidos, en la entrega de la información solicitada por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el 18 de noviembre de 2014.
En esta fecha, la titular de la Asamblea, en uso de sus atribuciones en materia de fiscalización, pidió, a través de múltiples oficios, respuestas a las instituciones del Estado respecto al ejercicio de las responsabilidades de cada una en cuanto a lo que exige la “Ley de para la reparación de víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”.
La principal del Legislativo agradeció la presencia de las autoridades y retieró que la Asamblea lleva un nuevo concepto de fiscalización distinto a las viejas prácticas políticas. “La tarea fiscalizadora no empieza ni termina en este espacio, es una tarea permanente, un mecanismo de control que busca fortalecer la eficiencia de la gestión pública en el Estado ecuatoriano. La Asamblea Nacional constituye un contrapeso para la gestión de todas las funciones del Estado”, precisó Gabriela Rivadeneira.
Fiscalía investiga 857 actividades violatorias a los derechos humanos
Respecto de las responsabilidades de la Fiscalía, Galo Chiriboga manifestó que desde marzo de 2012 se creó la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, con asesoría de expertos internacionales para reformular las investigaciones respecto de los crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Al referirse a los resultados de las investigaciones, Chiriboga señaló que entre los años 84 y 88 es cuando más violaciones a los derechos humanos se presentaron. Explicó que las investigaciones arrojaron un total de 857 actividades violatorias a los derechos humanos.
Entre los casos mencionados por Chiriboga están los de José Luis Lema Yépez (1988), González López o Fybeca (2003), en que se logró sentencias condenatorias por violación a derechos humanos; Damián Peña (2002); Luis Vaca, Francisco Jarrín y Susana Cajas (1985).
Indicó que se investigará además la relación del Plan “Cóndor” y el posible asesinato del ex presidente Jaime Roldós, con desclasificación de documentos de la CIA, así como la desaparición del estudiante Milton Reyes. Dijo además que las investigaciones se ampliarán para indagar respecto de las desapariciones de ecuatorianos en la dictadura de Pinochet, en Chile.
Indemnización a víctimas de Derechos Humanos tiene reglamento
Con respecto a las responsabilidades del Ministerio de Justicia, la ministra Ledy Zúñiga, explicó que la Comisión de la Verdad determinó que 456 personas fueron víctimas de violaciones a derechos entre 1983 y 2008, registrándose 831 violaciones a los derechos humanos, debido a que muchas veces una sola persona fue víctima de varias de ellas.
Indicó que el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos expidió el Reglamento de Procedimiento para los acuerdos reparatorios, montos a pagar por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento. Todo esto con la participación de la Defensoría del Pueblo.
Zúñiga informó además que el proceso indemnizatorio se realizará mediante una comisión interinstitucional. Explicó que se determinarán daños materiales e inmateriales a las víctimas, de manera acorde con lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Museo de la Memoria funcionará en antiguo cuartel de Policía
Respecto a las responsabilidades del Ministerio de Cultura en lo que respecta al cumplimiento de la Ley, el ministro Francisco Borja expresó que ya existe un lugar para la instauración del Museo de la Memoria. Éste, dijo, funcionará en el antiguo cuartel de Policía del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), en sus instalaciones del Centro Histórico, creado en 1984 en el gobierno de León Febres Cordero para operar de forma clandestina y reprimir a supuestos miembros de Alfaro Vive.
Este proyecto se concretará una vez que sea transferido por el Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura, que contará para la construcción y adecuación con un plazo de 90 días. El museo, precisó Borja, contará con una muestra multimedia e interactiva de los casos de violaciones a los derechos humanos, exposiciones itinerantes, así como una programación pemanente de recorridos por el edificio.
Registro Civil avanzará con procesos de inscripción de personas forzadas a vivir con nombres falsos
El director general del Registro Civil, Jorge Troya, señaló, por su parte, que la institución ha implementado procesos para avanzar con la inscripción y modificación de registro de nacimientos de hijos e hijas que fueron inscritos con otros nombres para evitar que fueran perseguidos o violentados en sus derechos y personas forzadas a vivir con nombres falsos. Todo esto en coordinación con la Defensoría del Pueblo. En este sentido destacó el caso de Eloy Basantes Cárdenas, quien después de 29 años recuperó sus nombres y apellidos legítimos.
Al finalizar las intervenciones, la presidenta de la Asamblea pidió celeridad en cada caso, con el fin de volver más efectivas las gestiones en función del cumplimiento de lo que establece la ley y fortalecer el trabajo interinstitucional entre todos los ministerios involucrados, junto a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo "en absoluto respeto a la independencia de poderes".
En el caso del Ministerio de Justicia, sugirió trabajar en la socialización del reglamento para atender a las personas que fueron afectadas de manera directa por un Estado que vulneró sus derechos, mientras que al referirse al Registro Civil llamó a fortalecer el trabajo interinsitucional con la Defensoría del Pueblo, así como realizar una campaña pública dirigida a identificar a las personas que necesitan ser restituidos en sus derechos de identidad.
Cada funcionario contó con un lapso de 40 minutos para intervenir. Participaron en la comparecencia asambleístas y miembros de la Comisión de Justicia. También asistieron familiares de víctimas que sufrieron de violaciones a sus derechos humanos. Tras las intervenciones, la Comisión de Justicia resolvió aprobar la elaboración de un informe referente a la información receptada en las comparecencias.
Asambleísta reelecto por la Provincia de Morona Santiago, por el proyecto de la Revolución Ciudadana."Abogado con postgrado en Derecho Penal, Doctor en Jurisprudencia, Dirigente Estudiantil, Dirigente Universitario, Dirigente Gremial, hombre de teoría revolucionaria".
