www.williamgarzon.com ! En la Comisión del Derecho a la Salud, Virginia Gómez de la Torre, del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, pidió que se actualice la ley para que se permita a las mujeres ecuatorianas decidir si continúan o no el embarazo proveniente de una violación. Dijo que en el país hay 3.804.976 mujeres aptas para quedar embarazadas (fértiles) y “si una de cada cuatro de estas mujeres ha sufrido violencia sexual, como lo dice el INEC, esto quiere decir que 951.244 han pasado por esta experiencia dolorosa”.
Señaló que muchas de éstas podrían ser violaciones, con un embarazo como consecuencia, y se estima que de un 10% a 15% de mujeres violadas pueden quedar embarazadas.
Precisó que en el año 2011, se reportaron 1962 denuncias de violación, lo cual representa 5 violaciones diarias.
“El Estado ecuatoriano no puede ser ajeno a un problema que afecta a las mujeres más pobres, más jóvenes, que daña su proyecto de vida y que también le impide al país continuar una propuesta completa de enfrentar la violencia sexual”, dijo Virginia de la Torre.
“Las mujeres que quieren continuar el embarazo que lo hagan, porque no estamos planteando una política que obligue a las mujeres abortar, sino una política que proteja a las mujeres, en especial a las más pobres y jóvenes que son las que sufren este problema”, subrayó.
Por su parte el presidente de la comisión, Carlos Velasco, señaló que el tema es de gran importancia y que está latente en los centros de salud sexual y reproductiva, es un tema complejo, enfatizó el legislador.
El aborto puede ocasionar muchas dificultades como la muerte materna, recalcó, al indicar que se debe generar respuesta a un problema de política pública.
Anticipó que la próxima semana mantendrán una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia, con el propósito de analizar los temas de la mala práctica profesional y la penalización del aborto en el marco del análisis del Código de Integral Penal y el Código de Salud.
CORPOSOAT
Igualmente los parlamentarios recibieron los criterios del representante de la Corporación de Aseguradoras del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito CORPOSOAT, Patricio Salas quien manifestó que existen actores que prestan el servicio de salud y que bajo el control de la máxima autoridad de salud, deben cumplir con lo que disponen las normativas relativas a esta materia.
Indicó que hay otros actores como Aseguradores y el FONSAT que bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Seguros, deben cumplir las condiciones del contrato y sus obligaciones de pago, al destacar que empresas de seguros deben asumir riesgos e indemnizar económicamente a los beneficiarios cuando el riesgo asumido se cumple.
Patricio Salas, aseveró que estas compañías no prestan servicios de salud, no son establecimientos de salud, no forman parte del sistema nacional de salud, sino que tienen su propia normativa y están controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad que autoriza su funcionamiento y regula sus actividades.
Por lo tanto, comentó el funcionario, el Ministerio de Salud no puede ni debe tener competencias en el ámbito del contrato de seguros, como es el SOAT, porque las empresas de seguros no prestan los servicios de salud a las víctimas; además siendo el MSP un importante prestador de los servicios de salud, no es factible que pueda actuar como liquidador de las reclamaciones al seguro, pues actuaria como juez y parte.
Por último, sostuvo que para fortalecer el SOAT la reforma que se tramita debería reforzar las competencias de la Autoridad Sanitaria para normar la prestación de salud y supervisarla con mayor eficiencia.
Asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Presidente de la Comisión Del Derecho a la Salud | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
