El asambleísta por El Oro, Montgómery Sánchez Ordóñez (PAIS-MAR), dijo que el proyecto de Ley reformatoria a la Ley Constitutiva del INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) y la derogatoria de la Ley Especial del sector cafetalero está apegado a la Constitución y va en armonía con el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional expresó que el proyecto establece la inserción de organismos técnicos del Estado como el INIAP en los procesos de cambio de la matriz productiva que impulsa el gobierno de la Revolución Ciudadana.
Propuso que el INIAP actúe en la sustitución selectiva de importaciones cuya finalidad es reemplazar ciertos productos que actualmente se importan, y vuelva a producir café optimizando su productividad a través de un mejoramiento constante de semillas.
Igualmente, dijo que debe participar en mejorar la oferta exportable y lograr una mayor productividad a través de la implementación de tecnología y eficiencia que permita cumplir con los estándares de producción, lo que beneficiará al sector rural porque sus ingresos se incrementarán significativamente.
Para el legislador orense, lo que se busca con estas reformas es cambiar la estructura productiva para generar una economía dinámica orientada al conocimiento, a la ciencia, a la innovación, a la tecnología y que sea sostenible e incluyente para alcanzar el buen vivir.
Con respecto a la Ley del sector cafetalero, Montgómery Sánchez propuso la derogatoria de la norma por cuanto el Consejo Cafetalero Nacional, con sede en Manta y previsto en la Ley, fue aprobado bajo el sistema de administración ortodoxa del Estado, carente de institucionalidad, donde lo privado y particular estaba por sobre lo público y el interés nacional, sin tomar en cuenta la generalidad de elementos y factores que favorezcan a todos los sectores productivos.
Indicó que el artículo 141 de la Constitución dice que la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales corresponden al Ejecutivo por lo que propuso que el MAGAP asuma la rectoría del sector.
También indicó que el artículo 232 de la Carta Magna prevé que no pueden ser miembros de organismos directivos de entidades de control y regulación quienes tengan interés en las áreas que van a ser controladas o reguladas o representen a terceros que lo tengan, por lo que es necesario adecuar las leyes a las disposiciones constitucionales vigentes.
Ingeniero Agrónomo, Asambleísta por la Provincia de El Oro, miembro de la Comisión De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial y Vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político...
