¿Justicia por mano propia o justicia indígena?

¿Justicia por mano propia o justicia indígena?

¿Justicia por mano propia o justicia indígena? Un caso que tiene conmocionada a la población de la provincia del Cañar

Mariangel Muñoz, Vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en entrevista con la Radio de la Asamblea Nacional, se refirió a varios temas, entre ellos: un caso de supuesta justicia indígena que está conmocionando a la población de la provincia del Cañar, al veto presidencial a la reforma del COIP y al seguimiento en la aplicación y efectividad del COIP.

La Asambleísta Muñoz informó  que se han recibido denuncias desde la provincia del Cañar, pues se dice que se ha conformado un “Consorcio” presidido por personas que siendo mestizas, supuestamente estarían realizando actos de justicia indígena, por tal razón algunos ciudadanos  han presentado denuncias contra este consorcio por casos de tortura, secuestro y amenazas. Manifestó también que esta situación mantiene amenazada a la población del Cañar “son casos que conmocionan a nivel local y nacional” pues se estaría haciendo “justicia por mano propia”, que no puede ser entendida como justicia indígena, pues recalcó que tal como lo establece el artículo 171 de la Constitución, la jurisdicción indígena compete a las autoridades de los pueblos indígenas, sobre los conflictos internos y en base al derecho consuetudinario. Probablemente en el caso en mención se estaría cometiendo delitos comunes por lo cual es necesario que la Fiscalía así como el Consejo de la Judicatura actúen de inmediato. Además dijo que al respecto se requerirá  información a las autoridades nacionales del sector justicia, para identificar las acciones emprendidas en protección a los derechos de las personas y seguridad jurídica.

Además informó que la Asamblea Nacional está desarrollando la Ley de Coordinación entre Justicia Indígena y Justicia Ordinaria, mismo que al ser considerado un proyecto importante para los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades es recomendable que pase a  una consulta prelegislativa, tal como se ha realizado en la ley de aguas y tierras.

Respecto al veto presidencial  de la reforma al COIP dijo que este es positivo pues hace un análisis en base al principio de proporcionalidad con lo cual se propone que  la persona que estando bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y cause un accidente de tránsito ocasionando exclusivamente daños materiales tendrá una sanción privativa de la libertad de 30 a 45 días, reformando lo aprobado por la Asamblea pues se estableció una pena de 30 a 180 días, propone  también que se establezca una multa de acuerdo a los daños causados y reducción de puntos.

Respecto a otros temas que están dentro de las reformas al COIP como la falsificación de marcas, piratería lesiva a los derechos de autor, temas relacionados con la Contraloría General del Estado y  peculado en el sistema financiero privado, no fueron vetados por la Presidencia de la República. “En base al cronograma de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en esta semana se realizaría un informe no vinculante respecto al veto de la reforma al Código Orgánico Integral Penal que será puesto en conocimiento en el Pleno de la Asamblea Nacional”, indicó Muñoz

En otro tema también señaló que la Comisión, tiene previsto realizar la tercera semana de septiembre (16/septiembre), una reunión con los representantes del Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia, para evaluar la aplicación, efectividad y temas pendientes referentes al Código Orgánico Integral Penal.  Resaltó que esta es una nueva práctica de fiscalización que  permite llevar adelante procesos transparentes y participativos con la ciudadanía.

Para finalizar la legisladora Muñoz indicó que la siguiente semana el tema del microtráfico será tratado con los integrantes del sector de justicia, ya que es necesario entender como se está aplicando la norma penal en estos casos, “lamentablemente nos han llegado anuncios respecto a una interpretación subjetiva y antojadiza de ciertos jueces en relación a casos  de personas que siendo consumidores también trafican y que están siendo liberados de toda responsabilidad penal. Las adicciones son problemas de salud pública, esto no significa que el tráfico no sea un acto delictivo”, es necesario evitar interpretaciones subjetivas en relación a la norma penal  que está  vigente hace un año atrás.