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La Comisión de Fiscalización, recibió al señor doctor Carlos Pólit, Contralor General del Estado, a fin de que rinda un informe sobre la distribución y el uso indebido del fondo partidario permanente. Teniendo en consideración la reserva que el caso amerita, supo indicar que: De los informes de auditoria presentados por la entidad de control se desprenden indicios de responsabilidad penal en contra de los partidos políticos MPD, PACHAKUTIK, SOCIEDAD PATRIÓTICA, IZQUIERDA DEMOCRÁTICA, por primero: “...existencia de fondos que no se han justificado, es decir que no se conoce como fueron utilizados...” y, segundo: “...fondos cuyos justificativos se presentaron...parte de dichos, que no se relacionaban con criterios de la auditoría, como gastos relativos a el objeto del fondo partidario...”
De igual forma, dio a conocer a los asambleístas, sobre otros casos que afectan de manera grave al erario nacional y a la sociedad ecuatoriana con responsabilidad penal, entregando al Dr. José Sebastián Vásconez, Secretario de la Comisión, catorce tomos de los cuales constan al rededor de 1340 Oficios, remitidos a la Fiscalía General del Estado con los informes de auditoria correspondientes. Refiriéndose a los casos COFIEC, respecto de la participación de funcionarios en la entrega de créditos irregulares; AGD – NO MAS IMPUNIDAD, respecto de la contratación de seguros por más de tres millones para defensa de funcionarios; varios informes en contra de Consejos Provinciales y la destitución de sus autoridades; el caso de la Agencia Nacional de Transito respecto de la adquisición de chalecos y adquisición equipos psicosométricos; el uso indebido de fondos Públicos en la Municipalidad de Riobamba; la contratación del call center y adquisición de elevadores en el IESS; y, un contrato de adquisición de Tuberias por parte de Petroproducción por TREINTA MILLONES DE DOLARES, en donde resultó ser demandada la institución pública y pese a no haberse cumplido el contrato se ordenó en instancias judiciales el pago del 30 MILLONES DE DOLARES, más 27 MILLONES de dólares por indemnización de daños y perjuicios, cuando de la información remitida por la Contraloría, se evidenció que jamás existió ningún terremoto que originaba la emergencia, inclusive parece que ya hay un fallo de la Corte Nacional de Justicia, ratificando esta resolución.
También sacó a relucir la adquisición de 100.000 teléfonos celulares por parte de Pacifictel a Telecsa, teléfonos que hasta la fecha se hallan embodegados y que se determinaría un perjuicio de QUINCE MILLONES DE DOLARES en contra del erario nacional.
La Comisión, estableció que se sistematizará la información entregada y que se requerirá al Fiscal de la Nación a fin de que informe las acciones judiciales iniciadas sobre la base de los informes de auditoría y sus resultados a la fecha.
El doctor Gabriel Rivera López, Presidente de la Comisión, aseguró que trabajará para que estos fondos que han sido disipados en contra del erario nacional, le sea devuelto a todos los ecuatorianos.
