En Sesión N° 239 de hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó con 105 votos afirmativos, 4 negativos y 9 abstenciones el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Extranjería en Segundo Debate, presentado por el Asambleísta Fernando Vélez Cabeza. Dicho proyecto pretendió que la Asamblea apruebe una reforma contentiva de una disposición contraria a la Constitución y Tratados Internacionales, que tenía por objeto establecer Visas para todo ciudadano extranjero que visitara el Ecuador.
Conociendo que nuestro país es respetuoso de los Tratados Internacionales, responsable y consecuente con sus obligaciones a nivel global, en el 2008 el pueblo ecuatoriano fue claro en decidir que el principio rector que fundamentaría a toda ley y a toda decisión administrativa en materia de movilidad, sería el que ninguna persona fuera considerada ilegal por su condición migratoria.
En consecuencia, la voluntad soberana se manifestó a favor de una libertad en la circulación humana. Tanto así que se propugnó la ciudadanía universal y el progresivo fin de la condición de extranjero.
Aquellas declaraciones soberanas, discutidas en la Asamblea Constituyente, se deben a la vivencia propia del pueblo ecuatoriano, que desde hace décadas ha migrado a Norte América y a Europa en busca de oportunidades que los gobiernos anteriores no nos supieron brindar y que ahora, gracias a la acertada decisión del pueblo, a la consecución de un proyecto y modelo de gestión que ha dado resultados, y gracias al liderazgo de nuestro compañero Presidente avanzamos hacia la consecución de un Buen Vivir.
La asambleísta Rodríguez indicó que este Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Extranjería va en contra de toda declaración proveniente de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, que la movilidad humana o libre circulación constituye un derecho fundamental que tenemos todas las personas por nuestra misma naturaleza; es decir, por nuestra condición de sujetos activos, que necesitamos trasladarnos de un lugar a otro para interactuar con el resto de seres humanos.
De esta forma la legisladora insiste en la necesidad de entender dos cuestiones importantes referentes a este proyecto de ley. En primer lugar que no es preciso legislar en función de suposiciones o de miedos. El pueblo Ecuatoriano ha vivido en carne propia la migración. El hecho de que un país requiera una Visa para entrar a determinado territorio hace suponer que la entrada de una persona está condicionada, que el habitante del mundo ya fue catalogado como un eventual peligro, o inclusive como un eventual enemigo. Me pregunto, ¿podemos catalogar entonces a todo ciudadano como un prominente infractor de las leyes ecuatorianas?, ¿es justo aquello?, ¿buscamos que, en virtud del principio de reciprocidad de los Estados, a todos los Ecuatorianos se nos exija Visa cuando viajamos a cualquier parte del mundo?
Rodríguez aclara que el control y la seguridad interior, en relación con la visita de ciudadanos extranjeros en el país es sumamente importante. Este control se ve plasmado en las políticas que el Gobierno actual ha determinado a través de Cancillería y del Ministerio del Interior, último encargado de dirigir las actuaciones tendientes a garantizar la seguridad ciudadana y orden público.
En segundo lugar señala que, no se puede olvidar que tanto para este caso cuanto para los venideros, se debe respetar la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 84 que determina:
“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.
La Asambleísta Rodríguez finalizó expresando, “mi posición frente al proyecto propuesto es desfavorable por irse en contra de derechos fundamentales”.
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