El asambleísta Montgómery Sánchez Ordóñez, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, dijo ayer que las juntas de agua potable, las juntas de riego y los sistemas comunitarios no serán eliminados con la expedición de la nueva Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (Ley de Aguas), al contrario, serán fortalecidas.
Lo que pasa, agregó el legislador, es que con la nueva norma “se podrá auditar la gestión de estas juntas y eso es lo que no quieren algunos sectores y ciertos dirigentes acostumbrados a presionar a los usuarios, que si no acuden a una marcha popular inmediatamente los multan o les restringen el servicio”.
Expresó que lo que intenta la Ley de Aguas es redistribuir el recurso hídrico porque en los actuales momentos se presentan algunos casos de “acaparamiento”. Una vez que entre en vigencia este cuerpo legal, se revisarán las concesiones. “Por ejemplo, si una hacienda de 100 hectáreas necesita 100 litros de agua por segundo, pero pide 500, quiere decir que va a especular y perjudicar a otras personas que también requieren el líquido vital”, precisó.
El asambleísta indicó que el agua no será privatizada bajo ninguna fórmula y la Constitución establece claramente que el Estado, a través de la autoridad única del agua, será el que regule, administre y controle el uso del recurso hídrico por ser un recurso estratégico. En el texto se definió el orden de prelación: agua para consumo humano, agua para riego y producción de soberanía alimentaria.
“En la Ley hemos incorporado la estructuración de los consejos de cuencas que tendrán una representación nacional en el Consejo Intercultural y Plurinacional, una de cuyas funciones será contribuir a la resolución de conflictos y vía veeduría y control social generar estímulos o sanciones en caso de incumplimiento”, señaló el asambleísta.
Dijo que los contaminadores de las fuentes hídricas serán sancionados severamente. “Nosotros apoyamos al sector productivo siempre que éste actúe con responsabilidad social y ambiental”.
Regionalización
Durante su comparecencia en varios medios de la localidad, Montgómery Sánchez explicó que la propuesta de enmienda constitucional entregada por el oficialismo a la Corte Constitucional recoge una de sus propuestas: suprimir el plazo de 8 años que fijó la Carta Magna de Montecristi para la integración de regiones en el país.
El legislador cree que el nivel de gobierno de Regiones Autónomas debe ser eliminado de la Constitución y en su lugar fortalecer las competencias de los gobiernos provinciales como nivel de gobierno intermedio.
Aplicar el sistema regional en Ecuador derivaría en un trauma institucional, gubernamental y social “en el que las regiones se crearían como fruto de decisiones jurídicas y prácticas y no sociales e históricas”.
Reelección
Finalmente, el legislador señaló que siendo parte de la Revolución Ciudadana apoya la reelección del presidente Rafael Correa porque de esa manera se garantiza la consolidación del proyecto político y el afianzamiento de los cambios históricos que a su juicio está viviendo el Ecuador. “Es el pueblo ecuatoriano el que finalmente decidirá, con su voto, si el presidente Correa debe seguir liderando el país o no”.
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Ingeniero Agrónomo, Asambleísta por la Provincia de El Oro, miembro de la Comisión De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial y Vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político...
