En nuestro país, las telecomunicaciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 313 de la Constitución de la República, son un sector estratégico. Como tal, están consideradas como un servicio público que debe ser prestado por el Estado, mediante las empresas públicas y las mixtas en las que la mayoría del capital sea estatal; y, por excepción, por empresas privadas o del sector de la economía popular y solidaria.
Sin embargo, la Ley principal que regula las telecomunicaciones que data de 1992, contiene normas adicionales que han sido reformadas varias veces, pero sin lograr que estén acordes con los principios establecidos en la Carta Magna, pero sobre todo consonantes con las necesidades actuales, por ello nace el apremio de actualizar la normativa dando paso a una nueva institucionalidad de regulación del espectro radioeléctrico.
Estamos debatiendo un proyecto significativo, que corrige las famosas fallas de mercado, y que entre otras cosas propone varios objetivos fundamentales como: Masificar los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, fomentar servicios de calidad y equidad en los servicios de telecomunicaciones, consolidar un régimen de sanciones reales y estrictas, que promuevan la calidad del servicio y elimine la discrecionalidad del juzgador, fortalecer la estructura institucional, entre otras.
En el año 2012, las telecomunicaciones del Ecuador significaron 4.382 millones de dólares, equivalentes al 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
En el año 2014, el sector de las telecomunicaciones registra 12 mil empleos directos, cerca de 18 millones de líneas activas móviles (para una población que no supera los 15 millones); 2,4 millones de líneas de telefonía fija, cerca de 5,5 millones de conexiones de Internet y 36 mil kilómetros de fibra óptica.
Es decir, se visualiza un avance transcendental en la ampliación de la cobertura de las tecnologías de la información y la comunicación. Generándose un rol esencial que concerta que las oportunidades de crecer estén también en el marco regulatorio del sector.
Para las telecomunicaciones en el sector rural existe el reto de que la población en el Ecuador crece, pero el porcentaje que habita en el sector rural disminuye. Para evitar la migración se requiere promover el desarrollo rural, a través del acceso de las comunidades rurales a la telefonía y al servicio de internet. Es estratégico promover la difusión de información relevante hacia los pequeños y medianos productores en nuestro país.
Es vital un nuevo marco jurídico que regule las fallas de mercado como es la práctica monopólica en el sector de las Telecomunicaciones.
Hay que desgranar en lenguaje llano lo que significa la presencia y consentimiento de prácticas monopólicas en el mercado de las telecomunicaciones, como en efecto ocurre en el Ecuador.
El sobreprecio que la práctica monopólica puede imponer a los usuarios, es exactamente igual a un impuesto como el que cobra el gobierno, excepto que lo recaudado por ese gravamen va a la cuenta del dueño de una empresa, o a lo mucho a las cuentas de unos pocos, y no, al financiamiento del desarrollo de nuestro país como ocurre con los impuestos que todos pagamos.
El daño cuantioso al pueblo ecuatoriano, incluye las pérdidas de la persona que no alcanzó a contratar el servicio telefónico o de Internet a las tarifas existentes, sumadas a las de quienes usaron estos servicios o tarifas superiores a las reales, así como, el tiempo perdido de millones de usuarios por interrupciones y conexiones lentas de Internet, llamadas perdidas o equivocas.
En concordancia con lo expuesto, en este proyecto se determinan las nuevas regalías que pagarían las telefonías, pero sobre todo se fortalecerá la institucionalidad a través de la simplificación, pues se contará con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, este nuevo organismo reemplazaría a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), así como, desaparecerían el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel); las potestades de estos dos organismos pasarían al Ministerio de Telecomunicaciones.
Si la comunicación ha alcanzado nuevos niveles de democratización y de responsabilidad, entonces la telecomunicación debe ser el transporte tecnológico para que nuestros ciudadanos nunca más sean esclavos de las mezquinas intenciones de algunos propietarios de medios, sino que entren a ser parte de la sociedad de la información y del conocimiento.
Asambleísta por la provincia de Manabí | Presidente de la Comisión De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Alianza PAIS - Unidad Primero
