Sesión 103: jueves 15 de mayo de 2014
No podemos negar que nuestro país, actualmente presenta cifras importantes en la disminución de la delincuencia y el incremento de la seguridad ciudadana.
Entre marzo de 2011 y enero de 2012, se muestra una disminución del 7% al 4% de personas asaltadas en el Ecuador, a pesar del registro de un mayor número de denunciantes, abonando en la confianza de los sectores policial y de justicia.
Algo similar se muestra en el indicador de robo a domicilios, que se redujo en 8% entre abril de 2012 y febrero de 2013. En robos de locales comerciales se redujo en 6,4%; y el de carros en 14,9%.
Asimismo, Ecuador, con 12,14%, está por debajo de la tasa promedio de Latinoamérica en homicidios y asesinatos, que es de 24,4%.
Claramente, notamos que hay significativos avances en el sector seguridad, pues día a día se trabaja para lograr los objetivos planificados, muy a pesar de ello, la principal preocupación de las y los ecuatorianos, sigue siendo la delincuencia, la misma que nunca se acabará de combatir, mientras haya pobreza y exclusión en nuestro país.
En relación a ello es indiscutible que se requiere de nuestra Fuerzas Armadas, pues en un estado democrático, y en tiempos de paz con otras naciones, no podemos darnos el lujo de tener la institución militar solo para defensa o ataque en conflictos externos.
En noviembre del 2010 un juez de Garantías Penales de Pichincha dió permiso al Ejecutivo en el combate a la delincuencia con el objetivo de tomar "acciones conjuntas entre la Policía y las FFAA, para controlar el porte y la tenencia ilegal de armas, la realización de actividades de inteligencia especializada que permitan ubicar y desmantelar organizaciones criminales y delincuenciales que afectan la convivencia social". No obstante hoy tenemos la responsabilidad de acoger un clamor popular y afianzar la cooperación de las fuerzas armadas mediante Ley.
Ha sido una tendencia en la región latinoamericana, la incorporación de militares en las calles reforzando la seguridad ciudadana, pues en ciertos territorios la presencia de la criminalidad, de la violencia objetiva sumada a la violencia subjetiva, es notoria.
En nuestro país el nuevo paradigma busca legitimar una visión de seguridad moderna, cuyo epicentro es el ser humano y sus derechos, que se vincula a la estrategia del Plan Nacional de Seguridad Integral, y en particular a la Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad, pues constitucionalmente esta previsto que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas.
La seguridad nacional, como deber constitucional de las Fuerzas Armadas, debe ser interpretada de manera mas dinámica e integral. Su complementariedad con la Policía Nacional debe orientarse a precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana.
Destaquemos que la Constitución del Ecuador en su artículo 393 estipula que “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantía de los ciudadanos”
Aquí no estamos hablando de desplazar a la Policía, sino de complementar su trabajo.
En un mundo cada vez mas globalizado, existe una delincuencia organizada,que se nutre de la exclusión, y la carencia de valores, razón mas que suficiente para que nuestras fuerzas armadas cooperen en fortalecer un sistema de seguridad ciudadana que nos permita desarrollarnos sin mirar un Estado militarizado como una opción, ni tampoco, la delincuencia como un hecho aislado de competencia policial.
Asambleísta por la provincia de Manabí | Presidente de la Comisión De la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Alianza PAIS - Unidad Primero
