LA TIERRA EN EL MEDIO RURAL
La tierra es un recurso de vital trascendencia, y valor significativo para la organización de la vida económica, ambiental, social, y cultural de nuestro país. En el sector urbano es cada vez más escasa, sin embargo, el que se determine a la tierra como el elemento o componente fundamental para el desarrollo agrario, responde a la importancia que tiene en el sector rural, pues como factor básico de producción, permite generar ingresos y bienestar, que no precisamente resultan de la agricultura. Además, es parte del patrimonio cultural y medioambiental, donde su valor debe superar lo económico, pues cumple una función social y ambiental.
Bajo este contexto es imperante entonces fortalecer el acceso a la tierra rural, como parte del goce de los derechos humanos, pues se abarca el acceso a los recursos naturales, así como la preservación de nuestras futuras generaciones a través del buen manejo y la explotación de estos recursos. Este enfoque, esta consignado en la Constitución al determinar que "...el Estado normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental [...] que un fondo nacional de tierra regulará el acceso equitativo de campesinas y campesinos a la misma, que se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes".
El uso de la tierra, tiene lugar a través diversos de los sistemas de tenencia, en nuestro país no solamente existe la forma privada y pública, pues coexiste la propiedad comunal o comunitaria. Sin embargo, es una realidad, que la mayoría de las unidades familiares rurales tienen escaso acceso a la tierra.
Revisando los procesos del pasado, cuando es de conocimiento de todos que existían sistemas dañinos, absolutistas y de explotación, nos encontramos con apropiaciones coloniales de tierras, así como latifundios postcoloniales, es decir la existencia del progresivo monopolio de las mejores tierras por medianos y grandes propietarios, y de una creciente concentración de capitales que robustecieron individualmente sus capacidades, generando consigo la generación de significativas desigualdades, pues se consolidó la compleja figura del latifundio y minifundio, lo que incrementó la ineficiencia en el uso de la tierra, frenando así todo tipo de desarrollo. Podríamos decir, que no se consideró que la integración o exclusión social depende a menudo únicamente de la situación de la persona con relación a la tierra.
El problema de la tenencia de la tierra, persiste desde siempre, pues entre otras cosas, no se cuenta con un catastro nacional de predios rurales en donde se identifiquen los tenedores de estos predios y se georeferencien sus coordenadas y respectivas áreas. Por otro lado se deben inventariar las características productivas y ambientales de los predios. Éste es un buen punto de partida para el desarrollo agrario, pues es necesario contar con información veraz y un pleno conocimiento de las realidades en el sector, para consolidar mejores políticas públicas y modelos de producción más eficientes y sostenibles.
Otro gran problema es el retaceo de los predios que van masificando los latifundios. Lo que hace pensar en sus causas y en su solución. El Código Civil determina en el ámbito de sucesiones la alteración de la propiedad de quien fallece, dividiéndolo en partes iguales, en relación a ello las parcelas se convierten en pedazos cada vez más pequeños, lo que verte en minifundios. Se debe pensar en no realizar la división de los predios rurales y mantenerlos proindiviso buscando medidas compensatorias en donde participe el Estado.
En el Ecuador existen 12'355.831 de hectáreas, de las cuales el 0,8% están distribuidas en predios menores a 1 hectárea; el 5,5% están distribuidas en predios entre 1 y 5 hectáreas; el 13,8% están distribuidas en predios entre 5 y 20 hectáreas; el 37,4% están distribuidas en predios entre 20 y 100 hectáreas; y, el 42,6% están distribuidas en predios desde 100 hectáreas y más.
En relación al marco jurídico existente debemos de reconocer que es débil frente a las condiciones que determina la Constitución, lo que resalta la necesidad de ya contar con una Ley de Tierras que permita entre otras cosas dinamizar el uso productivo de la tierra cumpliendo una función social o ambiental, como condición sine qua non del desarrollo rural.