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La Comisión de Derechos Colectivos y la Interculturalidad avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, por la cual se informa del incumplimiento de la entrega de información por parte Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia, que hiciera la asambleísta Ximena Peña, sobre un caso de expropiación en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, en donde se estaría afectando los derechos de personas de los grupos de atención prioritaria o vulnerables.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión resolvió pedir información por escrito al funcionario y que conteste nuevamente o que complete la información solicitada por la asambleísta Ximena Peña y en el plazo de quince días deberá comparecer personalmente.
La presidenta del organismo legislativo, Zobeida Gudiño, solicitó a los asambleístas remitir en un plazo no mayor de 24 horas sus preguntas sobre el tema para que el Ministro pueda despejar todas las dudas.
Explicó que el Art. 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina que en caso de incumplimiento de información es obligatoria la presencia del funcionario, caso contrario sería causal de juicio político.
Al Ministro de Vivienda se le enviará una comunicación con los antecedentes, la resolución del Consejo de Administración Legislativa, el marco normativo referente a los Art. 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el pedido de información.
La asambleísta Ximena Peña, representante de los migrantes por Estados Unidos y Canadá, explicó que el 25 de septiembre pasado recibió un presunto caso de vulneración de derechos hacia la señora Magdalena López Sumba y Enrique López Sumba y sus respectivas familias en proceso de expropiación que viene realizando el Programa de Intervención Territorial e Integral del Miduvi PITI, en el marco de la aplicación del Decreto Ejecutivo 1521, de 16 de mayo de 2013, que declara a Puerto López como área turística protegida.
Ante ello, dijo, pedí información a la economista Dolores Soraya Bolaños, Gerenta del Programa, referente al proceso de expropiación, los estudios técnicos y si existe análisis de la condición de las personas que se verán afectadas.
Añadió que es necesario que la comisión tenga un análisis de impacto social que reciben las familias en condición de vulnerabilidad y en el caso de Enrique Sumba es de la tercera edad, su esposa tiene una discapacidad del 70%. Dentro de la familia existen 4 hijos, 2 de los cuales son inmigrantes retornados de España.
Sostuvo que estos pedidos los hace con el fin de realizar el control político de las acciones que realizan los funcionarios y sobre todo por tratarse de un caso de carácter humanitario.
