Las leyes se hacen discutiendo con todos los sectores, dijo hoy el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, Miguel Carvajal, en la apertura del acto de socialización del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en el auditorio de la Corte de Justicia en Guayaquil.
Esta es una manera de consolidar la democracia, escucharnos y discutir los alcances de la Ley, con la participación de todos los grupos sociales del país, agregó el legislador, quien destacó la presencia de los miembros de la Comisión, asambleístas de varias provincias y dirigentes sociales.
Al acto, en el que participaron aproximadamente unas 70 organizaciones, gremios y asociaciones campesinas y agrícolas de la costa, asistieron la presidenta y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y Marcela Aguiñaga, quienes se ubicaron en el centro de la mesa directiva.
Rivadeneira resaltó los aportes de las entidades sociales en la construcción de leyes y sentenció que en el Ecuador de hoy no cabe la vieja institución parlamentaria llamada Congreso Nacional, en la que una minoría resolvía por toda la población.
Añadió que en el país no pueden seguir latifundios improductivos y “tenemos que pensar más en el campo y en construir una Ley para todas y todos”.
La asambleísta por El Oro, Rocío Vaca, alterna de Montgómery Sánchez Ordóñez, participó del acto de socialización con el que la comisión parlamentaria inicia la discusión del proyecto en todo el país para recoger aportes. Este jueves la cita es en Cuenca, a las 10h00.
Propuestas
Múltiples fueron los temas que se analizaron como fundamentales dentro del texto de la propuesta legislativa, como múltiples son los problemas que afrontan día a día las personas que trabajan la tierra, por ello, sugirieron que esas experiencias sean recogidas en la normativa.
Entre las principales observaciones consta que la ley determine con claridad las fuentes de financiamiento para las actividades productivas; no solo el acceso a la tierra sino un régimen de propiedad que se adecue a la realidad del campo, con un mínimo de tierra para las personas, en términos particulares y las comunidades, en el ámbito colectivo.
También plantearon que se establezcan créditos preferenciales para el sector agrícola y campesino, porque uno de los principales problemas que afrontan es la falta de recursos para mejorar la producción y solventar factores como inclemencia del tiempo (sequías o inundaciones).
En torno a la redistribución de la tierra, propusieron se prevea que la tierra ociosa sea entregada a quienes la trabajan; que se consagre en la ley un costo social de la tierra; evitar los monocultivos (banano, palma africana);
garantizar la soberanía alimentaria, así como evitar los monopolios.
Los representantes de las organizaciones agrícolas de la costa instaron a los comisionados a garantizar en la normativa un plan de desarrollo integral de los pequeños y medianos productores, para lo cual es necesario que las políticas públicas en materia agrícola sean permanentes, de manera que las reglas de juego no cambien con la separación de las autoridades.
Ingeniero Agrónomo, Asambleísta por la Provincia de El Oro, miembro de la Comisión De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial y Vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político...
