La segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, indicó que de conformidad con lo que determina el artículo 4 del decreto Ejecutivo 74, firmado por el Mandatario esta víspera, lo más probable es que en cinco días hábiles el proyecto de resolución motivado sobre el pedido de autorización para la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, llegue a la Legislatura, mismo que deberá tratarse en dos debates, según lo establece el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se refiere a la declaratoria de interés nacional.
El mencionado artículo prevé que el Pleno de la Asamblea Nacional en dos debates y por mayoría absoluta de sus integrantes podrá declarar de interés nacional la petición del Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Para estos debates, el Pleno de la Asamblea Nacional contará obligatoriamente con el informe de la Comisión que se encargue del estudio de esta propuesta, designada por el Consejo de Administración Legislativa, que en este caso, sería la Comisión de Biodiversidad, dijo Marcela Aguiñaga, al aclarar que el trámite se debe ajustar a los plazos establecidos para la aprobación de leyes, es decir 45 días para primer debate y 45 días para segundo debate.
El dar por terminada esta propuesta innovadora de mantener el crudo bajo tierra es una decisión difícil y triste que tuvo que tomar el Ejecutivo y a título personal comparto ese sentimiento, dijo la Vicepresidenta de la Legislatura al señalar que para la explotación petrolera se debe ocupar la mejor tecnología para mitigar los impactos ambientales que se harán en una zona de altísima vulnerabilidad como es el Parque Nacional Yasuní, en el bloque 43.
Toda actividad de este tipo tiene impacto, pero exhortamos al Ejecutivo para que Petroamazonas que es la empresa seleccionada para realizar la actividad extractiva, cumpla los más altos estándares así como lo está haciendo en el bloque 15, añadió.
Es urgente y necesario modificar las leyes ambientales actuales que tenemos en el país, a fin de ajustarlas al marco constitucional y establecer las sanciones administrativas muy fuertes de reparación, resarcimiento de daños tanto a comunidades cuando se cometan actos negligentes, dolosos o cuando no se tomen las prevenciones para evitar daños ambientales, precisó Marcela Aguiñaga.
El artículo 407 de la Constitución establece que por excepción en áreas protegidas y zonas intangibles podrá autorizarse la actividad extractiva por parte de la Asamblea Nacional, mediante pedido fundamentado del Jefe de Estado y con los respectivos informes técnicos y ambientales, a esto se suma también el criterio del Ministerio de Justicia en torno a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario que se encuentran en la zona intangible. De esta manera los legisladores podremos tomar la mejor decisión en beneficio del país a fin de luchar contra la pobreza, que es el mayor devastador ambiental no solo en Ecuador sino en el mundo, subrayó.
FUENTE: Dirección de Comunicación Asamblea Nacional
Asambleísta por la provincia de Guayas | Integrante de la Comisión De los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad | Visita mi Perfil
