El ministro de Agricultura, Javier Ponce, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, informó que 29 zonas comunales en Esmeraldas y 68 en Santa Elena están intervenidas para realizar un levantamiento geodiferenciado, a fin de determinar la presencia de empresas palmicultoras, madereras y mineras en tierras comunitarias. Para este levantamiento de datos se crearon brigadas con 12 profesionales que iniciarán su trabajo la próxima semana.
El funcionario dijo que espera tener los resultados de este diagnóstico en el menor tiempo posible para tomar resoluciones sobre el particular, a la vez que indicó que solicitaron a los propietarios de las tierras la presentación de títulos de propiedad, a fin de determinar su legalidad.
Una vez que se hayan presentado esos títulos confrontarán los mismos con las tierras comunales, tras recordar que hasta 1998 se podían vender tierras comunales pero a partir de este año se corrigió este vacío, por lo que actuarán con todo el rigor de la ley en caso de que territorios comunales estén en manos de privados o empresas.
Al referirse a la provincia de Santa Elena precisó que este sector es el más afectado en cuanto a tenencia de tierras y propiedad comunitaria adquirida por parte de privados, al sostener que el Ministerio de Agricultura legalizó 68 territorios a comunas y en algunos casos fue necesario recurrir a documentos de hasta 1920.
Si bien se ha procedido a legalizadas las 68 territorios comunales en Santa Elena dijo que esto no es suficiente el proceso legal porque el objetivo es llegar a determinar que está sucediendo al interior de estas comunidades, pues alrededor del 45% de estos sectores donde se realizó el levantamiento georeferencial arrojó como resultado que dos y tres propiedades están sobrepuestas sobre el mismo territorio. Históricamente se han apropiado alrededor de 200 mil hectáreas en la Península de Santa Elena, con sobreposiciones de propiedades, agregó.
Javier Ponce dijo que en la Asociación Primero de Octubre se determinó cinco adjudicaciones de tierras, de las cuales tres son ilegales por lo que inició el proceso de intervención a fin de provocar una reversión de tierras a favor de esta asociación. Seguirán haciendo el estudio en las dos restantes hasta concluir el proceso.
En la comunidad Atahualpa existe un asentamiento ancestral por lo que llevan adelante el levantamiento de datos para su respectiva legalización.
En otro orden, el funcionario de Estado al referirse a la problemática que enfrentan los pamicultores con la pudrición del cogollo, dijo que el Ministerio de Agricultura lanzó el Plan de mejoramiento competitivo que busca actuar sobre el conjunto de la cadena de valor de la palma y buscar consensos para ayudar a este sector de la producción.
En este marco, el Ministerio de Agricultura dispuso al Banco de Fomento abra líneas de crédito con cinco años de gracia para pequeños productores. Informó que el Consejo de Semilla regulará el precio de la venta de semilla y si es necesario se importará para regular este mercado.
Al referirse a la concesión de créditos irregulares en el Banco Nacional de Fomento, otorgados en la provincia de Esmeraldas para la adjudicación de tierras en el sector de Malimpia, Valle del Sade, Quinta Bancada, dijo que en estos tres casos hay culpables, por lo que el Ministerio hace un seguimiento del proceso hasta que se establezcan responsabilidades, ya que no es justo que 250 campesinos no puedan adquirir préstamos, tomando en cuenta que los créditos solicitados no se les entregó directamente a ellos sino a terceros y hay que dar una solución a este problema, concluyó.
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