"La aprobación del proyecto de Código Monetario y Financiero protegerá a los depositantes y fortalecerá al sistema financiero", dijo ayer el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino, donde además detalló los cuatro acuerdos a los que llegó con representantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) la noche del pasado domingo, y cuyo veto parcial fue remitido a la Asamblea el pasado viernes.
“Todas las dudas eran infundadas, pero para que no haya dudas no tengo ningún problema en cambiar (…) todas las operaciones de crédito deberán estar garantizadas para evitar riesgos en los recursos del depositante…”, agregó el presidente.
Explicó que uno de los puntos del veto tiene que ver con la facultad del Estado para regular y controlar las actividades del sector financiero a las que se las califica como de servicio de orden público por lo que se cambió la palabra “potestad del Estado” que causaba inquietud en los banqueros.
Otro de los acuerdos fue que en la Ley se establezca que los recursos del Fondo de Liquidez no podrán emitirse en bonos formulados por el ministerio de Finanzas.
El tercer compromiso tiene que ver con que toda operación crediticia debe estar garantizada y que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (que se crea en el proyecto) podrá regular mediante norma la orientación y el direccionamiento de las operaciones de crédito de las entidades del sector financiero nacional y de las entidades no financieras que concedan créditos por sobre los límites establecidos en la Junta.
Sin embargo, el mandatario aclaró que, en ningún caso la Junta podrá intervenir en la definición de la persona jurídica o natural del sector de las operaciones de crédito.
“Para que quede tremendamente claro que no es posible lo que dijo cierta prensa que dio a entender que lo que queremos es obligar a la banca a prestarle a Juanito Pérez; eso es mentira (…) queremos que se oriente el crédito al sector industrial, agrícola, y producción, y no solo al sector de consumo”, precisó el mandatario.
La cuarta puntualización establecida en el veto y que fue acordada con la ABPE es que toda operación crediticia debe estar en la Junta de Regulación y establecer garantías y coberturas mínimas. El mandatario explicó que este artículo busca evitar lo que sucedió en la crisis económica de 1999 donde se dieron muchos créditos vinculados sin garantías.
El pleno del Legislativo tiene plazo hasta el 21 de septiembre para negar, o allanarse total o parcialmente al veto presidencial, y el Código entrará en vigencia a fines de septiembre.
El presidente del Directorio del Banco Central de Ecuador (BCE), Diego Martínez, explicó que anteriormente los fondos de liquidez debían estar depositados en instituciones financieras con calificación triple AAA, pero indicó que es necesario recordar que estas instituciones no garantizan en su totalidad la seguridad del dinero. Puso de ejemplo, la crisis financiera ocurrida en Estados Unidos hace casi tres años.
Según el funcionario, los recursos del fondo de liquidez tienen la característica de que serán invertidos para cubrir necesidades que se podrían generar en los bancos, pero aseguró que no serán invertidos en bonos del Estado.
Acerca del redireccionamiento de los créditos, Martínez puntualizó por ejemplo, que el 30% de créditos que entreguen los bancos tendrán que destinarse a actividades productivas, y el 20% para actividades de consumo e importaciones.
La Asamblea aprobó el Código en segundo debate el 24 de julio con 91 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones (AFB)
Asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Presidente de la Comisión Del Derecho a la Salud | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
