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La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, dentro de la sesión 038 CEGADCOT, llevada a cabo los días 28 y 29 de octubre del 2014, aprobó el Informe para Primer Debate de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la misma que busca desarrollar el régimen general de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado.
De esta manera, se pretende actualizar la Ley Especial de Telecomunicaciones expedida el 10 de agosto de 1992, dando paso a una nueva institucionalidad de regulación del espectro radioeléctrico.
Entre los aspectos de mayor importancia que contiene el proyecto se regula en forma amplia los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de los prestadores de servicios.
Los principales derechos de los usuarios van ligados a disponer servicios de telecomunicaciones de calidad, a elegirlos con libertad, al secreto de las comunicaciones, privacidad de sus datos personales, a contar con información veraz, disponer gratuitamente de llamadas a servicios de emergencia, a disponer de servicios de información de planes, tarifas, precios, saldos; facturación exacta y oportuna, el no redondeo de tarifas, el derecho de acumular saldos, a la vigencia ilimitada del saldo de las recargas, a la prelación de uso de saldos; a no ser obligados a contratar lo que no desea (ventas atadas), la atención oportuna de reclamos; al derecho a conservar el número (portabilidad); acceder a cualquier servicio o aplicación en internet; al derecho a la terminación unilateral del contrato; a no recibir mensajes masivos o publicitarios.
Se determinan las formas de gestión, es decir, de prestación de servicios, para lo cual se establece que se lo hará a través de las empresas públicas de servicios de telecomunicaciones, de empresas mixtas y en los casos de delegación, por la iniciativa privada o la economía popular y solidaria.
En cuanto al régimen sancionatorio entre otros, se garantiza el cumplimiento del debido proceso y propone un esquema de multas en proporción a los ingresos del infractor, de manera que la sanción pueda ser justa.
